¿Qué ocurre con las juntas de propietarios durante la pandemia?

Como consecuencia del actual Estado de Alarma, se han visto afectadas las juntas de propietarios. Primero, por la imposibilidad de reunirse y, posteriormente, por las limitaciones establecidas por las administraciones competentes en cada territorio, en cuanto al numero máximo de personas.

Lagunas legales

La actual normativa que regula las CCPP es la Ley de Propiedad Horizontal de 1.960 y, pese a las reformas, ésta resulta simplemente parcheada y no adaptada a las especiales circunstancias.
Salvo en Cataluña, cuya ley especial (desde 2015) permite la celebración de juntas telemáticas, en el resto de comunidades rige la obligatoriedad de juntas presenciales. Sin embargo, dada la prolongación de las restricciones sanitarias para reunirse más de 10, 6 o 4 personas en los distintos períodos de vigencia del estado de Alarma, en determinadas situaciones, especialmente urgentes, se está utilizando este recurso en todo el territorio del Estado. La voluntad no es la de prohibir este tipo de juntas, pero por el momento no están contempladas.

El concepto de «presencialidad» y los medios telemáticos

Más allá de que pueda usarse como instrumento o herramienta para poder gestionar necesidades de la comunidad con los representantes de esta, al realizar una junta ordinaria o extraordinaria en la comunidad nos encontraríamos con el problema de la presencialidad; la Ley establece que se concurre de manera personal, ¿es eso presencial? ¿Y que ocurriría a su vez con las representaciones otorgadas?
La Ley garantiza el derecho de asistencia, voz y voto a los propietarios, luego, ¿qué ocurriría con quien no disponga de medios telemáticos de acceso? Claramente se le estaría limitando su capacidad de participar, cuestión esta que podría ser impugnable ante un tribunal, mas aún si se trata de un acuerdo lesivo para la persona que no comparece en la junta.

Las sociedades de capital pueden realizar este tipo de celebraciones de juntas, pero esto no es aplicable por analogía a las CCPP, al ser éstas entes sin personalidad jurídica.

Además, si no tengo medios telemáticos, o en caso de existir limitación de reunión ¿podría acudir a la junta mediante representación? La respuesta es: solo si voluntariamente lo decido, pero no puedo ser obligado, ya que, de ser así, se me estaría privando de derecho de voz y esto no puede hacerse si existe un interés legitimo por parte del propietario en acudir a la junta.
La delegación de voto por tanto solo puede ser voluntaria y en ningún caso exigirse o coaccionarse.

¿Celebrar o no celebrar?, he aquí el dilema

El hecho de convocar y celebrar una junta superando las restricciones puede dar lugar a infracciones de tipo legal, pues se estaría incurriendo en contravención de las normas que regulan la situación sanitaria, se podría incurrir en responsabilidad civil e incluso penal por desobediencia. Si se supera el aforo, procede desconvocar la junta, y no limitar el acceso y permitir celebrarse solo con “los primeros que lleguen”.

Pero la comunidad no se puede parar. Pese a la situación sanitaria y las dificultades de celebrar juntas, tiene que seguir funcionando. Es un ente vivo y tiene constantes necesidades. Por ello recomendamos adaptarse a las necesidades de cada comunidad, aplicando la mejor “ lex artis” por parte del administrador. Y en cuanto a la gestión de las incidencias, ajustarse a cada momento y aprovecharse de las posibilidades de actuación que la LPH concede al presidente para velar por el buen fin y estado de la comunidad.

En las comunidades en las que exista junta directiva o vocales, con su capacidad de decisión delegada, cabe que este órgano pueda reunirse válidamente y adoptar decisiones de gestión. No existe en el espíritu de la Ley un veto a las reuniones telemáticas, pero la celebración de estas debe de estar justificado o existir un interés legítimo y cabe siempre que el vecino que no pueda acudir pueda impugnar la celebración de la misma.

¿Hay otras alternativas?

Una alternativa a la celebración de una junta presencial es una suerte de convocatoria donde se incluye el orden del día y en el que se facilita un plazo en el que los propietarios mediante una consulta vinculante se manifiestan sobre los distintos puntos. Nos encontraríamos con una falta de deliberación, si bien se permitiría un funcionamiento excepcional en caso de necesidad.
Hay que recordar que el administrador carece de la capacidad para tomar acuerdos, y solo la junta tiene esta atribución, puntual y temporalmente el presidente puede tomar decisiones si bien no debe esta situación demorarse indefinidamente en el tiempo.

Si no hay junta, ¿cómo se renuevan los cargos?

Por lo que respecta a la renovación de los cargos y que en la Ley se fija en un año, esta no soluciona su posible caducidad. En Cataluña se entienden automáticamente prorrogados.
Es prudente una renovación tácita de los cargos si las circunstancias lo exigen con el fin de evitar una posible indefensión de la CCPP, existe ya jurisprudencia en este sentido. El fin de esta situación es en todo caso actuar en beneficio de la comunidad.
El cargo de presidente conlleva igualmente obligaciones; si la no celebración de juntas implica la imposibilidad de presentar cuentas es conveniente que estas sean informadas, no incurriendo igualmente en este sentido en posibles responsabilidades por falta de información.

Respecto de velar por la tesorería y las obras necesarias de reparaciones urgentes, si estas no pueden ser tratadas en junta, el presidente está autorizado para actuar en todo caso en beneficio de la comunidad, tomando las decisiones que impliquen reparación, aún cuando ello implique la necesidad de emitir derrama, dejando para un momento posterior la ratificación de dicho acuerdo ( ojo, no hablamos ya del debate y aprobación en este momento, solo de su ratificación). Lógicamente consideramos necesario el envío a los comuneros de la correspondiente circular informativa.

¿Y el resto de gestiones?

Para el caso de actuaciones judiciales o ante administraciones que impliquen la adopción de previo acuerdo en junta, esta situación solo podrá solucionarse:

  • En el caso de reclamaciones por falta de pago, retrotrayéndose a acuerdos anteriores de aprobación de saldos o mediante la interposición de juicios declarativo.
  • Con respecto a las administraciones, si estas exigen un acuerdo tácito, como puede ser en la solicitud de subvenciones, y una mayoría cualificada ( p.e. instalación de ascensor y su tramitación de subvención), este acuerdo solo podrá adoptarse actualmente mediante la presencia por representación, con la problemática que ya hemos expuesto.
  • Para cuestiones relativas a contrataciones o ceses en la comunidad, (mantenimientos de todo tipo, seguros, administrador etc), si no se ha facultado expresamente al presidente, la legitimación le corresponde a la propia Junta, por lo que habría que esperar a poder celebrarse.

A modo de resumen, las juntas presenciales pueden celebrarse si la ocasión lo requiere, pero siempre bajo las normas administrativas vigentes; las juntas de carácter telemático no están contempladas, son fácilmente impugnables y carecen de rigor jurídico, aunque pueden ser un buen instrumento de ayuda y control de la gestión. En uno y otro caso, acudir a la junta mediante representación no puede ser nunca una obligación, si no una mera recomendación.
Igualmente, el presidente tiene un margen de actuación en representación de la junta que le permite poder realizar cuantas gestiones de carácter ordinario sean necesarias para el normal desarrollo de la vida de la comunidad.

Oscar Artero

Abogado

Estoy en ERTE. ¿Cómo me afecta en la declaración de la Renta?

Durante el ejercicio 2020 se ha incrementado exponencialmente el número de ERTEs en las empresas españolas debido a la pandemia de COVID-19. En concreto, el número de afectados en España ronda los 4 millones. Por eso parece importante resaltar cómo va a afectar esta situación a efectos del IRPF.

 

Tal y como establece la Agencia Tributaria, el límite para no hacer la declaración es de 22.000€ en el caso de un único pagador, o 2 o más pagadores que no superen los 1500 euros anuales. Si el segundo pagador y siguientes superan los 1.500 euros, el límite máximo para no estar obligado a hacer la declaración es de 14.000 euros.

Pues bien, a pesar de que muchos de estos trabajadores afectados por un ERTE que en principio por la totalidad de sus rendimientos del trabajo en el año no superan los 22.000€ van a estar obligados a presentar la declaración por el hecho de tener dos pagadores, ya que el límite en este caso es de 14.000€.

 

Es crucial saber esto último, ya que en el borrador de la declaración solamente se indica si se está obligado o no a hacerla por el total de rendimientos, sin tener en cuenta si se tiene un pagador o más. Es decir, que si por ejemplo un trabajador tiene unos rendimientos totales de 18.000 euros, en el borrador saldrá que no está obligado a hacer la declaración ya que está por debajo de 22.000, pero si esos 18.000€ vienen de un pagador de 10.000€ y otro de 8.000€, sí estaría obligado a hacerla.

 

Otro de los grandes problemas a los que se enfrentan estos trabajadores en ERTE es precisamente que el SEPE no está aplicando retenciones de IRPF. Y no porque no estén sujetas a retención, sino porque, al no tener los datos completos de esa persona, no pueden calcular el % de retención que le corresponden. Por ello, optan por no retener o retener mínimamente. Si además se superan los límites comentados líneas más arriba, y a su vez no le han aplicado retenciones en parte de esos rendimientos de trabajo, es casi seguro que le saldrá la declaración a pagar.

 

La solución más sencilla es solicitar al SEPE que retenga un % concreto de la prestación. Sin embargo, esto es difícil de conseguir, debido a la saturación de sus líneas telefónicas y web. Por ello muchos trabajadores han preferido solicitar el aumento de las retenciones a sus empresas (claro está que esto solo lo han podido hacer los trabajadores que estaban en ERTE parcial o los que han salido del ERTE, ya que parte de sus rendimientos del trabajo los siguen recibiendo de su empresa).

Esta situación sobrevenida para los trabajadores afectados por ERTE no debiera perjudicarles más de lo que ya les ha afectado (muchos de ellos han cobrado tarde y mal por parte del SEPE), pues ahora se ven obligados a hacer la declaración de la renta y, además, que les salga a pagar, sin haber tenido la posibilidad de pedir al SEPE que le retuvieran parte de esos rendimientos. Ante esta situación, solo queda esperar que el legislador se pronuncie sobre este tema y establezca la no consideración de segundo pagador al SEPE en caso de cobro por ERTE por Covid-19.

Patricia Penella

Departamento fiscal

LA REPRESENTACIÓN EN JUNTAS DE PROPIETARIOS

En derecho, podemos definir la representación  como aquella relación jurídica que se produce cuando se confía a una determinada persona, a la que se denomina representante, la facultad de actuar y de decidir, dentro de unos límites determinados, en interés y por cuenta de otra persona, a la que se le denominará representado.

En el caso concreto de las juntas de Propietarios, la representación se produce cuando un propietario no puede asistir a la junta y delega su voto en otra persona, sea ésta o no propietaria de alguna finca en el edificio. Con las limitaciones de aforo y otras medidas sanitarias contra la propagación del COVID-19, la representación es actualmente una fórmula eficaz para participar en una junta de forma no presencial.

La representación, está regulada en el art 15.1  de la l.p.h  que establece : “La asistencia a la junta de propietarios será personal o por presentación legal o voluntaria, bastando para acreditar ésta un escrito firmado por el propietario “.

Será necesario hacer una primera distinción:

Representación Legal: Para aquellos casos en que una persona ejerza la representación legal de otra, casos de personas incapaces, tutores legales, menores sujetos a patria potestad, etc., pero también los representantes legales de sociedades, asociaciones y otras entidades públicas ó privadas. En este caso la Comunidad podrá exigir que el representante aporte la oportuna documentación que  justifique esta representación.

Representación Voluntaria. Es aquella por la cual una persona representa a otra, ante la Junta de Propietarios. El propietario otorgará   escrito  a un tercero para que acuda en su nombre a la reunión.

 

Haremos a continuación algunas consideraciones de interés de la representación en el ámbito de la Ley de Propiedad Horizontal.

En principio es necesario que la representación sea por escrito. Incluso se admite la otorgada por medio de correo electrónico. No obstante, si se produce de forma verbal y los asistentes a la Junta admiten tal hecho, también tendría validez.

Para formalizar la representación, el propietario, identificándose correctamente, deberá firmar un documento en el que se incluya el nombre y el DNI de la persona que lo va a representar, así como la reunión para la que tiene validez esa representación.

Puede la representación estar limitada a una junta en concreto pero cabe también representación más amplia para amplios periodos o hasta que esta representación sea revocada.

No es necesario que la representación sea con poder Notarial, ni adjuntando copia del DNI del representado; la LPH no lo contempla.

Cuando una determinado inmueble pertenece a varios propietarios, se computa un solo voto, debiendo nombrar un representante para asistir a las Juntas.

Art 15.1 l.p.h ; Si algún piso o local perteneciese “pro indiviso” a  diferentes propietarios estos nombrarán un representante para asistir y votar en las juntas.

En el caso de cónyuges o ex-cónyuges que tengan la finca en gananciales o proindiviso, podrían hacerlo los dos, aunque con un solo voto. Si no existe acuerdo y ambos quieren votar y lo hacen en diferente sentido, el voto quedará anulado.

También pueden ejercer la representación el Secretario y el Presidente de la Comunidad, no existe límite legal.

La ley de Propiedad Horizontal no establece ningún límite respecto al número de representaciones. Por tanto, un propietario o un tercero puede asistir a la junta con tantas como propietarios le hayan conferido dichas facultades.

Un propietario moroso no puede votar pero si puede representar a otro. El moroso está privado de voto por su propiedad, pero ello no impide que pueda acudir a la Junta y votar en nombre de otro propietario que le haya dado la oportuna representación, pues el art. 15.1 de la Ley de Propiedad Horizontal no pone condiciones al respecto.

Pablo Hinojosa

Abogado

 

¿Puedo no llevar a mi hijo al colegio por miedo al COVID-19?

Con el comienzo del curso escolar y ante las cuarentenas llevadas a cabo en algunos colegios por casos positivos de COVID-19, tanto en profesores como alumnos, muchos padres se han planteado la posibilidad de no llevar a sus hijos a los centros escolares ante el temor de un posible contagio.

En España, la educación es obligatoria desde los 6 hasta los 16 años, salvo situaciones excepcionales y justificadas como son enfermedad del niño, residencia en el extranjero del niño o itinerancia de los padres. Esta nueva situación pandémica ha hecho plantearse a muchos padres ¿qué ocurriría si no llevo a mi hijo al colegio? Pues bien, dentro de los supuestos contemplados legalmente para no llevar a los menores al centro escolar, no se encuentra la pandemia que estamos padeciendo actualmente, por ello los progenitores que decidan no llevar a los hijos al colegio por este motivo y lo hicieran de manera persistente, podrían estar incurriendo en un delito de abandono de familia y menores del artículo 226.1 del Código Penal, sancionado con pena de hasta 6 meses de prisión, o hasta 12 meses de multa.

El artículo 154 del Código Civil recoge las obligaciones y deberes de los progenitores con respecto a los hijos menores no emancipados en el ejercicio de la patria potestad, entre ellos destaca el de educar y procurarles una formación integral. Es importante reseñar, que esta obligación es de ambos progenitores, aunque estos se encuentren divorciados o separados legalmente y la custodia sea en exclusiva de uno de ellos.

El Fiscal de Sala de Menores, el pasado 3 de septiembre de 2020, estableció unos criterios unificadores para las diferentes secciones de menores de las fiscalías provinciales en materia de absentismo escolar derivados de la crisis de la COVID-19 estableciendo que: la asistencia presencial del alumnado, en los parámetros y condiciones de seguridad que establecen los protocolos de los centros escolares, constituye una obligación ineludible para los padres o tutores de los menores afectados. Desatender de manera injustificada y reiterada esta obligación, conllevará consecuencias legales derivadas del incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad, como ha venido ocurriendo, hasta el momento, en los supuestos de absentismo.

En el caso de que el menor no tenga ningún problema médico que le haga persona de riesgo si se contagia de COVID-19, la obligación de llevarle al Centro Escolar para procurarle su educación subsiste en este período si no existe ninguna alternativa de clases telemáticas acordadas por el centro docente.

Con fecha 17 de septiembre de 2020 un Juzgado de familia de León ha dictado la primera resolución por absentismo escolar como consecuencia de la crisis del coronavirus en nuestro país. El tribunal ha obligado a uno de los progenitores, separados y con opiniones diferentes sobre la obligación de educar y la asistencia del menor, de 5 años, a llevar a su hijo al colegio a pesar de su «temor» a que se contagie de coronavirus. Establece la sentencia que «El derecho a la educación es del menor no del padre ni de la madre, y un niño a esa edad más que aprender va al colegio a socializarse y eso no puede hacerse con la madre y los abuelos maternos, los cuales atendiendo a las circunstancias expuestas no están exentos del riesgo de contagio de la enfermedad», señala el auto del Juzgado.

Como conclusión, el deber de los padres, consustancial a la patria potestad, de llevar a sus hijos al centro escolar permanece en la actual situación provocada por el COVID-19. En los casos en los que se produzca un incumplimiento reiterado de la obligación de llevarlos al colegio por parte de los padres, sin que esta sea provocada por una no situación de riesgo para la salud del menor o de sus familiares justificada y además no vaya acompañada de educación en el domicilio, de manera coordinada con el centro escolar, concurrirían las circunstancias establecidas para entender que se están desatendiendo los derechos del menor.

Raquel Fernández

Abogada

Nuevo paquete de medidas urgentes del gobierno: pymes, autónomos y desempleados

El día 22 de abril se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

El texto, de 59 páginas, consta de preámbulo, 5 capítulos, 26 artículos, 15 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, 13 disposiciones finales y un Anexo.

Este es el cuarto decreto del gobierno desde el inicio del Estado de Alarma por la pandemia del COVID-19, tras los de 14, 17 y 31 de marzo. En las entradas anteriores de este blog puede encontrar los resúmenes.

Desde mediados de marzo de 2020, la actividad normativa de las administraciones (gobierno, autonomías, ayuntamientos) está siendo muy intensa, y es fácil perderse entre tanta información. Vamos a resumir aquí lo más importante de este nuevo Real Decreto-ley. Puede acceder a su texto completo en este enlace.

Los alquileres de locales a pymes y autónomos

Desde el comienzo del Estado de Alarma, se ha legislado a favor de moratorias y facilidades en los alquileres de viviendas, pero nada se había establecido sobre los alquileres de locales comerciales, medidas que venían reivindicando pymes y autónomos cuya actividad ha cesado o se ha reducido drásticamente. En este sentido, el preámbulo de esta nueva norma recoge que “procede prever una regulación específica en línea con la cláusula «rebus sic stantibus», de elaboración jurisprudencial, que permite la modulación o modificación de las obligaciones contractuales si concurren los requisitos exigidos: imprevisibilidad e inevitabilidad del riesgo derivado, excesiva onerosidad de la prestación debida y buena fe contractual.”

¿Cuáles son las medidas?

Las pymes y autónomos tendrán derecho, y podrán solicitar hasta el 21 de mayo, la moratoria en el pago de la renta del local arrendado a empresas, entidades públicas o grandes tenedores (personas físicas o jurídicas con más de 10 locales arrendados, o más de 1500 m2 de superficie). La moratoria se extenderá a toda la duración del Estado de Alarma, y, si no fuera suficiente, hasta un máximo de 4 meses después. Se podrán pagar las rentas aplazadas hasta dos años después de terminar el Estado de Alarma o sus prórrogas.

En caso de que el propietario del local no sea gran tenedor, la pyme o el autónomo podrán también solicitarle una moratoria. Si no hay acuerdo, éstos podrán aplicar la fianza del contrato al pago de mensualidades. En este caso la fianza hay que reponerla en plazo de un año, o en el que quede para que venza el contrato, si es menos de un año.

Esta medida va a beneficiar a más de 222.000 inmuebles alquilados de uso comercial, ocio, hostelería y turismo.

Requisitos

Para los autónomos, que se haya decretado el cese de su actividad por el  Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo o su facturación del mes anterior a la solicitud se haya reducido el 75% respecto a la facturación media del trimestre correspondiente del año anterior

Para las pymes, además de los dos requisitos anteriores, que tengan una cifra de negocios inferior a 8 millones de euros y menos de 50 trabajadores.

Financiación de las empresas y autónomos

Para facilitar la liquidez de las empresas, se conceden aplazamientos de las cuotas de los préstamos concedidos en el marco de sus programas de subvenciones o ayudas reembolsables, se habilita al Consorcio de Compensación de Seguros para que desarrolle actividades de reaseguro de crédito y de caución a partir de 2020 y se amplía la línea de avales. Todo ello debe permitir que las empresas y autónomos continúen abonando los salarios de sus empleados, puedan adelantar el cobro de sus facturas, a través de figuras como el factoring, o anticipar el pago de facturas a sus proveedores, a través de modalidades como el confirming.

Nuevas medidas fiscales

Se aplica IVA cero al material sanitario comprado por administraciones, centros sanitarios y sociales.

Se amplían las modalidades de fraccionamiento de pago del impuesto de sociedades, cumpliendo determinados requisitos.

Se facilita adaptar el régimen de declaraciones tributarias de los autónomos a la situación de falta de ingresos. Así, se puede renunciar al método de estimación objetiva en IRPF (módulos) y al régimen simplificado de IVA, pasando al método de estimación directa, pudiendo volver a dicho método en el ejercicio 2021. Los que continúen en estimación objetiva, podrán no computar los días correspondientes al Estado de Alarma en el cálculo de rendimientos en IRPF y régimen simplificado de IVA.

No se iniciarán periodos ejecutivos de cobro de deudas tributarias, si se ha solicitado financiación para su pago con arreglo al Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias por el Estado de Alarma.

Desempleo y planes de pensiones

La extinción de la relación laboral durante el período de prueba a instancia de la empresa, producida a partir del día 9 de marzo de 2020, tendrá la consideración de situación legal de desempleo con independencia de la causa por la que se hubiera extinguido la relación laboral anterior. Esto se extiende a trabajadores que hayan resuelto su contrato voluntariamente a partir del 1 de marzo, por tener oferta de trabajo de otra empresa, y ésta no lo haya podido contratar debido a la crisis de la pandemia.

A los trabajadores del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios que hayan trabajado un mínimo de 55 jornadas en 2019, se les reducen las cuotas de seguridad social de los meses de inactividad de 2020 en un 19,11%

También se detallan los requisitos y condiciones en las que se pueden hacer efectivos los planes de pensiones, tal como se recoge en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. Véase a este respecto nuestras anteriores entradas de blog.

Otras medidas económicas

Se podrán usar los fondos de Promoción y Educación de las Cooperativas como recurso financiero, para dotarlas de liquidez en caso de necesitarlo para su funcionamiento, restituyéndolo en plazo máximo de 10 años.

Se adoptan una serie de medidas para traspasar a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social la gestión de la prestación extraordinaria de cese de actividad.

También se adoptan otras medidas para sociedades laborales y participadas, actividad portuaria (tráficos mínimos, terminales de pasajeros, tasas de actividad y de buques, aplazamiento de deudas tributarias), tasas de ocupación de concesiones y autorizaciones de las administraciones.

Se habilita a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para que pueda prorrogar los plazos de presentación de los informes de supervisión, situación financiera, solvencia y estadístico-contable de las aseguradoras, así como las declaraciones estadístico-contables de agentes y corredores.

Se crea la nueva Fundación España Deporte Global, F.S.P. para la promoción, impulso y difusión del deporte federado, olímpico y paralímpico, así como la internacionalización del deporte español. Se trata de medidas para garantizar la sostenibilidad de las federaciones deportivas y de los programas de preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Se establecen ayudas con cargo a financiación de convocatorias públicas en el ámbito universitario para garantizar la continuidad de proyectos, incluyendo los relativos a las especialidades relacionadas con el ámbito sanitario.

Ampliación y suspensión de plazos

Se amplían, en general, los plazos establecidos en los decretos de alarma anteriores, hasta el 30 de mayo.

Se suspenden los plazos de duración de las actuaciones comprobatorias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Se detallan determinados aspectos de la integración del Régimen de pensiones de Clases Pasivas del Estado (funcionarios del Estado y transferidos, militares, ex presidentes, ministros, etc) en el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

¿Le afecta alguna de estas medidas? Si tiene alguna duda, consulte con los especialistas de LOTISSE.

COVID-19. Ayuda de la Junta de Andalucía para los autónomos

Ayer se ha aprobado el  Decreto-Ley 9/2020, de 15 de abril de la Junta de Andalucía, por el que se establecen medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).

Medida aprobada: Subvención de 300 euros (pago único) para trabajadores por cuenta propia (autónomos o mutualistas), de hasta 99 actividades distintas, que figuran en el anexo.

Límite presupuestario: Se abonarán hasta agotar un presupuesto total de 50 millones de euros

Plazo de solicitud: desde hoy, día 16 de abril, hasta 15 días después de que se declare el fin del Estado de Alarma. Solo por vía telemática.

Exclusiones:

  • Autónomos que se han acogido a la prestación extraordinaria por cese de actividad que aprobó el Gobierno en el Real Decreto Ley de 29 de marzo.
  • Autónomos o mutualistas cuya actividad está considerada como servicio esencial.
  • Autónomos que tengan en su declaración de la renta una base liquidable general y del ahorro que supere tres veces el Salario Mínimo Interprofesional (unos 39.900 euros anuales).
  • Autónomos que tengan deudas en periodo ejecutivo de cualquier otro ingreso de derecho público de la Junta de Andalucía.

Condiciones para ser beneficiario: Mantener la actividad como autónomo, al menos durante el periodo de alarma.

Documentación

Rellenar el formulario telemático, que incluye una declaración de responsabilidad de cumplimiento de los requisitos:

  • DNI-NIF;
  • Domicilio fiscal
  • Empadronamiento en Andalucía
  • Alta en el régimen de autónomos de la Seguridad Social o en su mutualidad alternativa
  • No ser beneficiario de la prestación extraordinaria por cese de actividad
  • Número de cuenta bancaria para que pueda ser percibida la ayuda y declaración del IRPF.

La Junta comprobará telemáticamente que el beneficiario cumple todos los requisitos, salvo que éste se oponga expresamente, en cuyo caso tendrá que aportar originales de todos los documentos acreditativos.

Acceda al texto completo del Decreto-ley en este enlace.

 

Covid-19: nuevas medidas fiscales y judiciales

PYMES y autónomos

En el marco de las medidas económicas que viene adoptando el gobierno desde el inicio de la pandemia de coronavirus COVID-19, se acaba de publicar en el BOE el Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, que establece la ampliación de los plazos de presentación y pagos de declaraciones trimestrales de impuestos para que los autónomos y las pymes con una facturación inferior a 600.000 euros los puedan presentar hasta el 20 de mayo, en vez del mes de abril.

Si la forma de pago elegida es la domiciliación, el plazo de presentación de las autoliquidaciones se extenderá hasta el 15 de mayo de 2020.

Acceda aquí al texto completo del Real Decreto-ley

Reinicio de la actividad judicial

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha adoptado un acuerdo, en su Comisión Permanente celebrada el 13 de abril, por el cual, desde el día 15 de abril de 2020, en relación con las actuaciones y servicios no esenciales, podrán realizarse todas aquellas actuaciones procesales que no estén vinculadas a un término o plazo procesal (escritos iniciadores y de trámite), sujetos a la regla de la interrupción o suspensión establecida en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, y que puedan ser llevadas a cabo con los medios personales que, de forma consensuada con el CGPJ y los órganos de gobierno del Poder Judicial, fijen el Ministerio de Justicia y las Administraciones prestacionales.

Acceda aquí al acuerdo de la comisión permanente del CGPJ

Nuevas medidas urgentes del gobierno: lo más importante

El martes, 31 de marzo, el gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 11/2020, publicado el 1 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Este es el tercer decreto aprobado, tras los de 14 de marzo (declaración del Estado de Alarma) y 17 de marzo (medidas sociales y laborales). El nuevo decreto tiene que ser convalidado en los próximos treinta días en el Congreso de los Diputados, por lo que tendrá que contar con el apoyo de una mayoría parlamentaria.

La finalidad de esta norma, junto a la anterior, es paliar los duros efectos económicos que el Estado de Alarma y confinamiento está teniendo en trabajadores y empresas. Solo en el mes de marzo se han destruido más de 830.000 empleos. Está aún por ver cómo obtiene el gobierno la financiación, y particularmente cuál va a ser el apoyo de la Unión Europea.

No obstante, si se cumplen todas las previsiones de la norma, las personas que han quedado desamparadas o en situación precaria por culpa de la crisis del coronavirus COVID-19, podrán sortear la coyuntura mientras dure la pandemia y la parálisis económica.

Vayamos al grano

El texto del BOE tiene nada menos que 88 páginas, en las que se contienen 54 artículos, 22 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias y 13 disposiciones finales. Demasiada información para el ciudadano normal, que solo quiere conocer en qué le pueden beneficiar las medidas. Recogemos aquí lo más esencial.

¿Cuáles son las medidas más importantes?

Esencialmente, el capítulo 1 se destina a los consumidores, a las familias y a los colectivos más
vulnerables, incluyendo los autónomos y pequeñas empresas; el capítulo 2 se destina a sostener la actividad económica de las empresas; y el capítulo 3 se dirige al sector público, facilitando y flexibilizando procedimientos.

Consumidores, familias, parados, autónomos y pequeñas empresas

Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos.

Cuando se levante el Estado de Alarma, los arrendatarios incursos en procedimiento de desahucio pueden solicitar al juzgado que se suspendan los plazos por vulnerabilidad social o económica causada por la pandemia. El juzgado decidirá por cuánto tiempo.

Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual

Si el contrato vence hasta dos meses después de que finalice el Estado de Alarma, el inquilino podrá pedir una prórroga de seis meses.

Moratoria de deuda arrendaticia

Los grandes propietarios (empresas privadas o públicas, o particulares que tengan más de diez viviendas) tendrán que, bien reducir el 50% la renta mientras dure el Estado de Alarma, y cuatro meses más, si se acredita vulnerabilidad por la crisis de la pandemia; o bien conceder una moratoria en el pago, por el mismo periodo, pudiendo el inquilino pagar las rentas aplazadas durante los tres años posteriores, sin intereses.

¿Qué se entiende por vulnerabilidad? Requisitos

  • Que el inquilino esté desempleado, en ERTE, o si es empresario o autónomo, sus ingresos hayan
    descendido
    , de forma, en los tres casos, que los de la unidad familiar en el mes anterior a la solicitud de moratoria, sean inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM). Es decir, a 1.613,52 euros brutos al mes, cantidad que puede llegar hasta los 2.097,57 euros, en función del número
    de hijos, 1.855,54 para familias monoparentales, o hasta 2.689,20 euros en caso de gran discapacidad.
  • Que la renta más los gastos básicos (luz, agua, gas o gasóleo, teléfono y comunidad) sea más del 35% de los ingresos totales de la unidad familiar.
  • Que el inquilino no tenga en propiedad o usufructo ninguna vivienda, salvo parcialmente por herencia, salvo que sea titular separado o divorciado que no pueda usarla, o que no pueda usarla por no estar adaptada, si es el caso, a discapacidad suya o de otro miembro de la unidad familiar.

¿Cómo se acredita?

El inquilino tiene que presentar al arrendador (grandes propietarios) los siguientes documentos:

  • Si está en desempleo, certificado del INEM o entidad autonómica de empleo en el que conste la cuantía mensual que percibe.
  • Si es autónomo que ha tenido que cesar la actividad, certificado de Hacienda (AEAT) o el competente de su comunidad autónoma.
  • Libro de familia o documento de pareja de hecho.
  • Certificado de empadronamiento.
  • En su caso, declaración de discapacidad, dependencia o incapacidad permanente.
  • Nota simple del registro de la propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.
  • Declaración responsable de que cumple todos los requisitos.

Si no puede aportar algunos de los documentos puede sustituirlo por una declaración responsable de que cumple el requisito concreto y tendrá que aportarlo en plazo de un mes desde que finalice el Estado de Alarma.

Si el inquilino se aprovecha de las ayudas sin cumplir los requisitos, será responsable por los daños y perjuicios causados, como mínimo en la cuantía en que se haya beneficiado.

¿Y si el arrendador no es empresa y no tiene más de diez viviendas arrendadas?

En tal caso el inquilino le puede solicitar, hasta el 30 de abril, un aplazamiento temporal en el pago de la renta. El arrendador tendrá que contestar en plazo de 7 días si lo acepta o no, o si propone otra alternativa. El arrendador no está obligado. En caso de que no lo acepte, el inquilino puede acceder a las ayudas que recoge el Real Decreto-ley.

Entonces, ¿cuáles son las ayudas del gobierno a los inquilinos?

Hay que tener claro que, en un primer momento, el gobierno no va a dar dinero a los inquilinos con derecho a quita o aplazamiento. Lo que va a hacer es avalar frente a los bancos los préstamos que pueden pedir para pagar el alquiler. Les llama “ayudas transitorias de financiación”. El inquilino en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir un préstamo para pagar la renta de hasta seis mensualidades
, a devolver en seis años, sin intereses ni gastos, prorrogables excepcionalmente por otros cuatro más.

Solo para el caso de que el inquilino no pueda hacer frente a la devolución de estos préstamos, el gobierno ha establecido el llamado “Nuevo programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual”, Es decir, primero tiene que pedir el préstamo, y solo si tiene dificultad o no puede pagarlo, por continuar en situación de vulnerabilidad, podrá pedir las ayudas directas. Estas, sí, serán propiamente ayudas sin reembolso, de hasta 900 euros al mes. Las comunidades autónomas decidirán las cuantías exactas.

Otras situaciones especiales

El Real Decreto-ley establece además el llamado “Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables”. Para estas personas se establecen ayudas para darles una “solución habitacional”.

Moratoria de deuda hipotecaria.

El Real Decreto-ley concreta las condiciones exigidas para beneficiarse de la moratoria hipotecaria, ya recogida en el anterior Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. Puede ver lo más importante en esta entrada.

¿Y los préstamos no hipotecarios?

Para los préstamos al consumo (financiación de vehículos, préstamos personales, financiación de compras), se prevé que las personas en situación de vulnerabilidad, cumpliendo los mismos requisitos que para las hipotecas, tienen derecho a pedir la suspensión de los pagos por tres meses, que podrá ampliar el Consejo de Ministros. La solicitud podrá hacerla hasta un mes después de levantarse el Estado de Alarma. El banco o financiera, acreditados los requisitos, suspenderá el cobro automáticamente, sin que se devenguen nuevos intereses.

El bono social, también para los autónomos

En el artículo 28, el nuevo Real Decreto-ley otorga a los trabajadores autónomos las mismas ventajas que a los trabajadores o desempleados por cuenta ajena, para el “bono social de la luz”. Considera “consumidor vulnerable” a los autónomos que se hayan visto obligados al cese total de su actividad, o la reducción del 75% de la facturación. Ello supone una reducción del 25%, o hasta el 40% en casos severos, en el precio de la electricidad doméstica, mientras dure su situación de vulnerabilidad.

No se podrá cortar el agua, la luz o el gas por impago

Esta medida es para todos los consumidores, no solo los vulnerables. Simplemente hay que acreditar ante la empresa suministradora, por cualquier medio documental, que se trata de la vivienda habitual.

Ayudas a las empleadas y empleados de hogar

Si, como medida de prevención contra la epidemia, una empleada/o de hogar ha dejado de acudir temporalmente a la/s viviendas, o bien se ha extinguido su contrato por despido o desistimiento del empleador durante el estado de alarma, tendrá derecho a un subsidio extraordinario. Este subsidio será el 70% de la base reguladora del sueldo que estuviera cobrando, aplicable íntegramente, si ha dejado de trabajar completamente, o proporcionalmente, si ha dejado de trabajar parcialmente.

Esto se aplicará, tanto si trabaja para una sola casa, como si trabaja en varias. Para acceder al subsidio, hay que presentar declaración responsable de los empleadores, carta de despido, desistimiento del empleador o baja en el régimen especial de empleados del hogar de la Seguridad Social.

Lamentablemente, quedarán fuera de estas ayudas las empleadas del hogar que trabajan sin estar dadas de alta, que son muchas. Véase al respecto nuestra entrada de blog.

Subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal

Los trabajadores que durante el Estado de Alarma se vean en el paro por haber finalizado su contrato temporal, y no hayan cotizado suficiente para acceder a la prestación de desempleo, cobrarán un subsidio excepcional de un mes, ampliable por Decreto-ley. La cuantía será del 80% del IPREM, lo que suponen 430,27 euros.

Se puede disponer del dinero de los planes de pensiones

Los parados como consecuencia de un ERTE por la crisis sanitaria, los autónomos o empresarios obligados al cierre, podrán disponer durante seis meses del dinero ahorrado en planes de pensiones, pero solo en cuantía de los salarios o ingresos netos dejados de percibir durante el ERTE o el periodo de cierre obligatorio.

¿Qué ocurre con los billetes de avión, hoteles, viajes, espectáculos, gimnasios, suscripciones, etc.?

Todas estas cosas se han podido ver suspendidas por el Estado de Alarma. En este caso el Real Decreto-ley prevé que
los consumidores pueden pedir la anulación de los contratos o los pedidos en plazo de 14 días, a contar desde el 1 de abril. La empresa prestadora podrá contestar ofreciendo bonos canjeables más adelante u otras alternativas. Si el consumidor no acepta, o como máximo transcurridos 60 días desde que se tuvo que prestar el servicio o la compra, la empresa tendrá que devolver el dinero en plazo de 14 días.

Prohibida la publicidad de juegos de azar y apuestas.

Durante el Estado de Alarma, se prohíbe “cualquier forma de actividad publicitaria difundida por cualquier medio o soporte, destinada a promocionar, de manera directa o indirecta, las actividades de juego”

Medidas de apoyo a los autónomos y pymes

Cotizaciones a la Seguridad Social

Los autónomos de cualquier régimen (normales, profesionales, societarios, agrarios, etc) y las empresas tendrán seis meses para pagar, sin intereses, las cotizaciones de abril, mayo y junio (las empresas), o mayo, junio y julio (los autónomos), siempre que sus actividades no hayan cesado por el Estado de Alarma, o caído su facturación más del 75%. En este caso, se les aplica el Real Decreto-ley 8/2020 (no pagarán las cotizaciones de sus trabajadores y podrán acceder a la prestación extraordinaria por cese de actividad).

También podrán pedir el aplazamiento de deudas con la Seguridad Social que tuvieran que ingresar entre abril y junio (siempre que no tengan ningún otro aplazamiento en vigor), pagando el 0,5% de interés

Suministros de electricidad y gas

Los autónomos y empresas podrán suspender sus contratos, cambiar de comercializadora, modificar la potencia contratada, caudal de gas, etc., sin penalización ni coste alguno. Cuando termine el Estado de Alarma, tendrán plazo de 3 meses para reactivar el contrato y volver a modificar la potencia, caudal, etc. La compañía tendrá un plazo de 5 días naturales para hacerlo, también sin coste alguno.

También podrán solicitar la suspensión del pago de las facturas de estos suministros, correspondientes al periodo de duración del Estado de Alarma, y prorratear su importe en las facturas de los seis meses siguientes.

Donaciones al Estado

Cualquier empresa o particular podrá hacer donaciones al Estado, en dinero, suministros, inmuebles, etc., para la financiación exclusiva de los de la emergencia de salud pública en relación con el COVID-19 en España

Otras medidas administrativas

Se suspenden los plazos de recursos administrativos y tributarios, así como los de prescripción y caducidad de acciones.

Se prorrogan los contratos de personal docente e investigador en las universidades y en el Sistema Nacional de Salud

Hasta aquí lo más esencial para consumidores, autónomos y pymes. Si tiene alguna duda, consulte con los especialistas de LOTISSE

Nuevas medidas de restricción de la movilidad

El gobierno ha aprobado, mediante el Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo de 2020, nuevas medidas de restricción de la actividad económica para luchar contra la propagación del coronavirus COVID-19.

Con el fin de reducir los desplazamientos al mínimo, se establece, para todas las actividades económicas consideradas “no esenciales”, el cese total de actividad, a excepción del teletrabajo, en aquellas en que sea posible.

¿Durante cuánto tiempo?

Esta medida se extiende desde al día 30 de marzo hasta el día 9 de abril de 2020.

¿A qué empresas afecta?

Afecta a todas las empresas, excepto determinadas actividades que la norma recoge en anexo. Cuantitativamente, el grueso lo constituyen la construcción y la industria.

¿Qué ocurre con los trabajadores de las empresas afectadas?

El Real Decreto Ley establece el denominado “permiso retribuido” (artículo 2). Los trabajadores “disfrutarán de un permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive”. Es decir, tendrán vacaciones pagadas y obligatorias durante esos 11 días.

Las horas no trabajadas se podrán recuperar, una vez finalizadas, a lo largo de los meses siguientes, hasta el 31 de diciembre de 2020. La forma en que se recuperen dependerá del acuerdo entre empresa y trabajadores (extendiendo la jornada en los meses posteriores, dando la opción a los trabajadores de que estos días sean a cuenta de sus vacaciones legales, etc)

¿Qué empresas y trabajadores siguen funcionando durante este periodo?

            Son aquellas que el gobierno considera “esenciales” para el funcionamiento del país durante el periodo de restricción de la movilidad. Por supuesto, las relacionadas con la sanidad y la alimentación. Pero hay muchas otras, que se recogen en 25 epígrafes. Acceda en el enlace más abajo.

Acceda aquí al texto del Real Decreto Ley 10/2020

Acceda aquí a la lista de actividades esenciales excluidas del Real Decreto Ley 10/2020

SUSPENSION DE ACTUACIONES SEGUNDO DIVIDENDO DIGITAL

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha comunicado a instaladores y colegios de administradores de fincas la decisión de suspender, hasta que se aprecie que se dan las condiciones adecuadas, las actuaciones de cambios directos de canal radioeléctrico que aplican a los centros en los que no se realiza simulcast. Esta medida se ha tomado con el objetivo de garantizar que la recepción de un servicio tan importante como la televisión digital terrestre no pueda verse afectada en estos momentos, evitando la necesidad de realizar resintonizaciones en los televisores de los ciudadanos.

Razones sanitarias

En lo que se refiere a las actuaciones de adaptación de instalaciones colectivas de recepción que se realicen durante este periodo de crisis sanitaria del COVID-19, se debe evitar la necesidad de resintonizaciones en los televisores, a fin de no ocasionar movimientos innecesarios de personas en visita a los domicilios. Por este motivo, no se podrán retirar de las cabeceras de las instalaciones colectivas de recepción de TV los canales radioeléctricos que se abandonan al incorporar los nuevos que los van a sustituir, debiendo quedar ambos en servicio, para que no se vea afectada la recepción del servicio de televisión por los ciudadanos. Esto requerirá la realización de una segunda actuación, a realizar una vez que la situación se normalice.

Dudas y anuncios en la tele

Dada la emisión durante estos días de anuncios por televisión, relativos a la resintonización de los aparatos, que probablemente estarían programados antes del Estado de Alarma, que pueden inducir a confusión, hay que reiterar que no es necesario resintonizar, y no se debe solicitar visita de instaladores por tal motivo, mientras dure el Estado de Alarma.

Acceda aquí a la comunicación del ministerio

Acceda aquí a la comunicación del canal instalador