Juzgados de paz. ¿Para qué sirven?

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Las personas que viven en poblaciones sin juzgados de primera instancia o instrucción están familiarizados con su juez de paz, al que habrán tenido que acudir para determinadas gestiones. Sin embargo, quienes viven en ciudades, sean éstas pequeñas, medianas o grandes, desconocen en su mayoría para qué sirven estos órganos de la administración de justicia.

¿Son propiamente juzgados?

Sí, porque el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial les atribuye potestad jurisdiccional. Sin embargo, actúan más propiamente como auxilio y colaboración con los juzgados civiles y penales del partido judicial al que pertenecen, además de otras funciones que ahora veremos.

¿Cuál es su origen?

La figura del juez de paz en España, tiene sus inicios en pleno siglo XIX con el Real Decreto de 22 de octubre de 1855, el cual separaba la figura del alcalde y la del juez de paz. Se trata de un cuerpo inspirado en el fundamento del consejo de sabios o el de los ‘hombres buenos’. Ellos eran los encargados de hacer respetar las normas y mediar entre dos partes en conflicto en las primeras civilizaciones.

Una gran variedad de funciones.

Los Juzgados de Paz son representantes de la administración de justicia, órganos unipersonales ubicados en los municipios donde no existe Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Asumen competencias de menor importancia tanto en el orden civil como en el penal. Son servidos por jueces legos, es decir, personas que no pertenecen a la carrera judicial, a diferencia del resto de los órganos judiciales existentes en España. Son nombrados para periodos de cuatro años por el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma, a propuesta del respectivo ayuntamiento. Normalmente se nombran para el cargo a personas de conocida probidad y con frecuencia licenciados en Derecho.

Ofrecen un servicio relevante en materia de cooperación judicial al facilitar la comunicación y actuar como una especie de puente entre los ciudadanos residentes en los municipios donde el Juzgado de Paz tiene su sede y los demás órganos judiciales.

El Juez de Paz interviene como conciliador para que las personas resuelvan sus conflictos de modo directo, aunque si no llega se alcanza un acuerdo podrá dictar sentencia judicial.

En el Ámbito Civil:

  • Dictar diligencias por auxilio judicial a otros tribunales como las de ordenación que se dictan cuando se recibe un exhorto.
  • Celebración de juicios verbales, en primera instancia de las demandas por reclamación de cantidad cuyo importe no supere los 90 Euros.
  • Celebración actos de conciliación en este orden jurisdiccional.

En el Ámbito Penal:

Juicio por delitos leves (anteriormente denominados juicios de faltas).

Instrucción, enjuiciamiento, fallo y ejecución de estos ilícitos penales, tales como amenazas, coacciones, deslucimiento de bienes inmuebles, maltrato de animales domésticos o perturbación del orden.

Cumplimiento de los exhortos penales, prestando lo que se denomina “auxilio judicial”, ámbito en el que se encarga de efectuar diligencias penales como comunicaciones, tomar declaración o efectuar ratificaciones.

En el ámbito del Registro Civil:

El Juez de Paz es también el encargado o responsable del Registro Civil en el Municipio y como tal se encargará de:

  • Expedición de certificados de nacimiento, matrimonio o defunción.
  • Expedición de fe de vida y estado, que acreditan la vida del solicitante y su estado civil.
  • Tramitación de expediente de matrimonio y celebración de bodas.
  • Inscripción de matrimonio civil o religioso, celebrado en el municipio.
  • Inscripción de nacimientos y defunciones en dicho Municipio.

 

Los Juzgados de paz siguen prestando una importante función de mediación o arbitraje entre los ciudadanos a la vez que actúan como intermediarios con el resto de tribunales de justicia.  Al custodiar los libros del registro civil, son además de alguna manera los guardianes de una parte muy importante de la historia de cada municipio.

Legislación sobre los Juzgados de Paz.

  • Ley Orgánica del Poder Judicial arts. 99 a 103.
  • Reglamento Orgánico de Jueces de Paz reglamento 3/1995 de 7 de junio.
  • Ley de Enjuiciamiento Civil art. 47 y art. 250.
  • Ley de Enjuiciamiento Criminal art. 14 LECrim.
  • BOE de 17 de junio de 2008, sobre funcionamiento y organización de los Registros Civiles de los Juzgados de Paz y su informatización.

Pablo Hinojosa

Abogado

REDUCCIÓN DE IMPUESTOS EN ANDALUCÍA

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El Gobierno Andaluz ha pactado una nueva bajada masiva de impuestos en Andalucía, con la idea de reactivar la economía que se encuentra gravemente afectada por la crisis sanitaria y social causada por el Covid-19.

Aunque lo cierto es que esta reforma fiscal ya se consideraba una prioridad, incluso antes de la pandemia. Tan es así, que en 2019 se produjo la primera bajada de impuestos, tanto en el IRPF como con ciertas mejoras en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, afectando principalmente a las donaciones entre parientes directos. La medida ya fue muy aplaudida por empresarios y autónomos, entre otros.

¿Qué impuestos bajan?

  • IRPF, mediante deducciones y reducciones en el tramo autonómico del impuesto.
  • Impuesto sobre Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
  • Impuesto sobre Patrimonio.
  • Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Con estas reducciones, se persigue el ahorro para los contribuyentes que se ha cifrado en torno a los 329 millones de euros.

¿Cuándo entra en vigor?

Se pretende que estas reducciones fiscales queden aprobadas a final de año y entren en vigor en 2022, ya que se están ejecutando por medio de una Proposición de Ley que se tramitará por la vía de urgencia. Pero como medida de impulso, y para evitar que se produzca un bloqueo en la compraventa de viviendas, a la espera de que entrara en vigor la rebaja fiscal, el Consejo del Gobierno Andaluz adelantó al pasado 28 de abril la reforma del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD).

Estas medidas, aprobadas en el en el BOJA extraordinario del martes 27 de abril de 2021 y con entrada en vigor desde el día siguiente, tienen como objetivo aliviar la carga fiscal en el acceso a la vivienda; por un lado incentivando la compra de vivienda de obra nueva, al abaratar el AJD y por otro reactivar al sector inmobiliario rebajando la tributación vinculada a la compra de vivienda de segunda mano ITP.

¿Qué medidas se aplican desde el 28 de abril de 2021 en Andalucía?

Concretamente en las operaciones que se realicen en Andalucía desde esa fecha y que tributen por algunos de estos dos impuestos, se verán beneficiadas de la siguiente manera:

ITP: Modificación a un único Tipo fijo del 7% (ya no será por tramos del 8%, 9% y 10%)

AJD: Rebaja del tipo al 1,2% (ya no será al 1,5%)

¿Cómo afecta concretamente a la compra de una vivienda?

Sí un particular compra un inmueble de segunda mano en Andalucía por 200.000,00.- €, desde el 28 de abril, en lugar de pagar el 8% (que es lo que le correspondería por tramo), se le impondría el tipo fijo del 7%; es decir, en lugar de abonar 16.000,00.-€ pasaría a pagar a la Agencia Tributaria de Andalucía 14.000€ por su adquisición. El ahorro que se produce es, por tanto, de 2.000 €.

Otro ejemplo sería el de si en lugar de comprar una vivienda de segunda mano, compramos una casa nueva a una promotora valorada en 200.000,00.-€. La operación tributa por IVA al ser primera entrega de edificación y también AJD por la escritura pública mediante la que se formaliza la transmisión de aquélla. Hasta el día 27 de abril tributaba a un tipo general del 1,5%, lo que daría como resultado una cuota tributaria de 3.000,00.-€; con la rebaja a un tipo general del 1,2%, la cuota tributaria es de 2.400,00.-€. Lo que supone un ahorro de 600,00.-€.

Habrá que quedar a la espera del resto de medidas que se aprueben para el 2022 dentro de esta bajada masiva de impuestos donde se contemplan bajadas en los tramos del IRPF, aumento en la deducción por vivienda habitual, mejoras a la deducción por cantidades invertidas en el alquiler de vivienda habitual, mejora a la deducción por nacimiento o adopción, etc.

Raquel Fernández Pérez.

Abogada.

 

Comunidad de propietarios y video vigilancia

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¿Puede una comunidad de propietarios instalar cámaras?

La respuesta es sí. Para ello se requiere que haya una aprobación por parte de los propietarios que conlleve que 3/5 partes de las cuotas voten a favor (artículo 17.3 Ley Propiedad Horizontal). Desde la entrada en vigor de la Ley Ómnibus (Ley 25/2009), ya no hay obligación de que la empresa que lleve a cabo la instalación del sistema de videovigilancia esté registrada en el Ministerio del Interior como empresa autorizada, aunque la contratación de un servicio de videovigilancia externo o la instalación de las cámaras por un tercero no exime a la comunidad del cumplimiento de la legislación de protección de datos. Siendo calificadas las multas o infracciones por no cumplir con la LOPD en función de la infracción de que se trate en: leve, grave o muy grave.

¿Qué imágenes puede captar? ¿Visionado directo o grabación?

Vamos a diferenciar sí nos encontramos ante equipos de visionado en directo o equipos de grabación, destacando en ambos casos que las cámaras solo podrán captar imágenes de las zonas comunes de la comunidad. No podrán captarse imágenes de la vía pública a excepción de una franja mínima de los accesos al inmueble. Tampoco podrán captarse imágenes de terrenos y viviendas colindantes o de cualquier otro espacio ajeno. Si se utilizan cámaras orientables y/o con zoom, será necesaria la instalación de máscaras de privacidad para evitar captar imágenes de la vía pública, terrenos y viviendas de terceros.

  • Imágenes en directo: Para el caso de equipos de visionado en directo las personas autorizadas deben ser los designados por una empresa de seguridad privada, Ley de seguridad privada que establece en su art. 42.1: “Cuando la finalidad de estos servicios sea prevenir infracciones y evitar daños a las personas o bienes objeto de protección o impedir accesos no autorizados, serán prestados necesariamente por vigilantes de seguridad o, en su caso, por guardas rurales.” Por tanto, aquellas que sean tomadas en directo, pueden ser vistas por un vigilante de seguridad, pero según la determinación, otro personal profesional como es el caso de los/las conserjes, podrían acceder a las imágenes siempre que la finalidad no sea la de vigilancia, como es el caso de la finalidad de la utilización de cámaras o videocámaras para la comprobación del estado de instalaciones o bienes, el control de accesos a aparcamientos y garajes, o las actividades que se desarrollan desde los centros de control y otros puntos, zonas o áreas de las autopistas de peaje. Estas funciones podrán realizarse por personal distinto del de seguridad privada.
  • Imágenes grabadas: El acceso a las imágenes estará restringido a las personas designadas por la comunidad de propietarios. En cualquier caso, para poder solicitar la grabación captada por una cámara de seguridad en una comunidad, es necesario que exista previa denuncia. Las imágenes serán conservadas durante un plazo máximo de un mes desde su captación y se utilizarán para denunciar delitos o infracciones que se acompañarán a la denuncia y será posible su conservación para ser entregadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o a los Juzgados y Tribunales que las requieran. No podrán utilizarse para otro fin.

Legislación aplicada: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal y Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Francisco de Asís Sillero

Abogado

 

Sociedad y patrimonio personal: la responsabilidad de socios y administradores

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Los datos estadísticos revelan que la mayoría de las empresas son de corta vida o terminan fracasando. En el primer caso, las razones pueden ser deliberadas, pero en el segundo caso solo puede deberse a que el empresario no ha sabido o podido poner sus recursos en la idea, forma o tiempo oportuno. Epidemias como el coronavirus, una caída de ventas radical o que el banco se niegue a renovar una línea de financiación son algunas situaciones que pueden afectar a la actividad empresarial y poner en peligro el patrimonio.

Valorar los riesgos

 

En el caso de las PYMES, el empresario es, a la vez, el propietario de la empresa y el director general. Por la responsabilidad que conlleva este estatus, el empresario debe conocer y evitar la exposición de su patrimonio personal, extremando la precaución respecto de garantías personales. Es absurdo arriesgar el patrimonio personal si no es necesario. Si bien en muchas ocasiones es imprescindible, otras veces el empresario excede lo que estaba dispuesto a arriesgar al contratar financiación garantizada.

Si hay problemas, lo mejor es seguir los trámites

 

Después de valorar la situación, y en caso de insolvencia de la empresa, desde Lotisse  recomendamos tomar las dos únicas vías legales para afrontar el cierre de una empresa en crisis: disolver y liquidar la empresa previo pago de las deudas o, en caso de no poder afrontarlas, solicitar el concurso de la empresa ante el Juzgado Mercantil que corresponda con un plan de liquidación.

El cierre forzado de una empresa, sin liquidarla ni pedir el concurso voluntario, sería causa de un daño directo a los acreedores a los efectos de ejercicio de una acción individual frente los administradores. Ante esta situación cabe la posibilidad de que los acreedores puedan exigir una responsabilidad directa al órgano de administración por cierre negligente con el propósito de cobrar sus créditos.

La solución ante el problema de liquidez es el Concurso Voluntario de Acreedores, la figura a la que se acogen las empresas cuando son o están a punto de ser insolventes ya que permite congelar el pago de los créditos. Ofrece importantes ventajas al empresario: no supone la desaparición de la empresa; si no hay fondos, la plantilla cobraría del Fondo de Garantía Salarial y permite a los gestores seguir llevando las riendas de la compañía.

Estos son los pasos:

  1. Confirmar quién o quiénes son los administradores.
  2. Verificar si existen garantías personales de socios o administradores.
  3. Revisar el estado de las deudas con Hacienda o Seguridad Social.
  4. Confirmar que la contabilidad está actualizada.
  5. Estudiar el balance para conocer si los fondos propios son inferiores al 50% de la cifra del capital social.
  6. En caso de que el punto anterior sea afirmativo, convocar junta de socios.
  7. Revisar la posición de tesorería. En caso de no poder hacer frente a las deudas, declarar el concurso de acreedores.
  8. Confirmar que las cuentas anuales de los ejercicios anteriores estén presentadas.
  9. Verificar que la empresa tiene registradas las actas y el libro registro de socios en el Registro Mercantil.
  10. Revisar el depósito de libros mercantiles.

El riesgo personal del empresario

 

El empresario percibe primero el peligro a perder su negocio. Su forma de vida. Sólo pensar en que los recursos destinados se pierdan es algo difícil de asumir. La consecuencia de esta forma de afrontar el problema es que muchos empresarios tratan de salvar su negocio sin tener en cuenta su propia seguridad económica.

Los negocios suelen realizarse a través de sociedades mercantiles. La sociedades tienen una característica esencial: limitar el riesgo de la actividad empresarial a lo invertido en el negocio, preservando el patrimonio personal.

Pero muchos empresarios, toman decisiones que pueden perjudicar a su ámbito personal. Hay casos en los que estas acciones se deben a razones de lógica asunción del riesgo, otras a circunstancias inevitables y en muchas ocasiones a verdaderos errores de cálculo o desconocimiento de las consecuencias de los actos.

Por todo lo anterior el empresario ante todo debe ser “ordenado” como exige el código de comercio y ese orden se traduce en:

  1. Cumplir la norma con carácter general
  2. Ser previsor
  3. Respetar los requisitos formales
  4. Establecer los límites de riesgo a asumir con antelación y cumplir con los compromisos consigo mismo evitando incurrir en riesgos no buscados

Cumplir las normas y ser previsor

 

En estos tiempos se habla mucho de Cumplimiento Normativo o Compliance.  Está acreditado que el cumplimiento de la normativa permite una mayor longevidad al negocio. Dicho de otra forma, los beneficios a largo plazo son evidentes.

Obviamente, la mala praxis existe, y en muchas ocasiones el empresario puede no actuar conforme a lo debido.

En situaciones de crisis, es esencial repasar el estado del cumplimiento de obligaciones, y principalmente aquellas relacionadas con:

  • Normativa laboral
  • Obligaciones tributarias y de Seguridad Social
  • Obligaciones formales mercantiles
  • Revisar siempre las obligaciones del sector del negocio.

La empresa se dirige con experiencia, conocimientos técnicos y muchos conocimientos financieros. Es tan importante ser previsor en los aspectos técnicos o de producción como en los financieros. La prevención minimiza el impacto de los problemas. En este sentido, una contabilidad fiable es esencial.

Es frecuente que las sociedades de pequeño tamaño incumplan las obligaciones de formulación, registro de cuentas, libros o actas. En caso de situación de crisis es muy importante regularizar estas obligaciones.

En relación con el cumplimiento de las obligaciones mercantiles legales o materiales, es importante conocer que, si bien las empresas suelen utilizar como vehículo una sociedad mercantil que

  • Tiene entidad jurídica propia
  • Limita el riesgo de los socios al capital aportado,

también es cierto que esta sociedad funciona a través de dos órganos

  • Junta de socios
  • Órgano de gobierno:
    • Administrador único
    • Administradores mancomunados o solidarios
  • Consejo de Administración

La responsabilidad de los órganos sociales

 

La Junta de Socios. – responde con el capital social suscrito.

  • Sociedades limitadas. – Está desembolsado al 100%, así que el socio responde con la inversión realizadas
  • Sociedades anónimas. – Puede que no haya desembolsado el 100% así que podría ser exigible que lo hiciese, y responde por lo desembolsado y lo no desembolsado.
  • ¿Puede exigirse a los socios que aporten más capital? Sólo si existe pacto de socios previo.

Pero el Órgano de administración, puede responder con todo su patrimonio solidariamente cuando incumpla las obligaciones mencionadas anteriormente.

Es por ello esencial que el empresario que ve peligrar la viabilidad de su negocio estudie con detenimiento lo siguiente:

  • Formulación de cuentas anuales. Y posterior (una vez aprobadas por la Junta) junto con la legalización de libros contables y de actas.
  • Convocatoria de Junta de Socios cuando se conoce una situación de desequilibrio patrimonial. En concreto cuando la cifra reflejada en el Balance para los “Fondos Propios” es inferior al 50% del valor del Capital Social. La no convocatoria puede suponer la asunción de responsabilidades que son sólo de la empresa.
  • Adopción de instancia de Concurso de acreedores cuando la empresa prevea no poder hacer frente a sus obligaciones a corto plazo.

En resumen

Por todo lo anterior, resulta evidente que, en caso de crisis en la empresa, es esencial contar con:

Balance actualizado

  • Posición de tesorería actualizada

A través de estos dos documentos podemos anticipar si:

  • la empresa se encuentra en causa de disolución. (Ojo, estar en causa de disolución no es sinónimo de estar disuelta)
  • la empresa es insolvente

Para evitar responsabilidades de los administradores es imprescindible:

  •  En el primer caso (Causa de disolución), convocar a la Junta para restablecer el equilibrio patrimonial o adoptar acuerdo de disolución.
  • En el segundo caso, presentar solicitud de Concurso Voluntario. Y por supuesto cumplir con las obligaciones de formulación, presentación de cuentas y libros.

José Eduardo Navarro

Lotisse

Chief Economist

¿Puedo colocar una bandera en mi balcón?

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Durante los últimos años y por diversos motivos, es cada vez mas frecuente que se vean colocadas banderas en la parte exterior de las viviendas de nuestras ciudades. En este artículo analizaremos la legalidad de este comportamiento.

¿Dentro o fuera de la fachada?

 

En primer lugar, hay que determinar si la bandera se ha colocado en el balcón sobre la fachada o bien si está colocada por dentro de la vivienda, aunque sea visible desde el exterior por una ventana. En este último caso, al estar dentro de la propiedad privada y siendo un espacio privativo, la comunidad no puede obligar a su retirada.

 

Ahora bien, en caso de estar ubicada sobre la fachada, la cuestión es mas compleja, ya que desde el punto de vista legal, la colocación de banderas en la parte exterior de los balcones se entiende como alteración de un elemento común, por lo que la comunidad debe autorizar cualquier modificación que se produzca en el mismo.

 

-Al respecto y con el fin de clarificar si los mencionados elementos (fachada y balcones) tienen la consideración de elementos comunes, debemos mencionar la STS de 10-10-2007 «el concepto de fachada, que el art. 395 CC incluye entre los elementos comunes, con los revestimientos exteriores de terrazas, balcones y ventanas, incluyendo su imagen o configuración los elementos de cierre que las conforman y sus revestimientos exteriores no puede aplicarse con un criterio puramente arquitectónico, sino que la determinación de cuáles son los elementos de la fachada que tienen este carácter común debe hacerse ponderando si son necesarios para el adecuado uso y disfrute del edificio (STS de 18 de enero de 2007), examinando si forman parte de la estructura del edificio o valorando si afectan a su configuración externa determinante de su apariencia, tomando en consideración el uso a que están destinados cada uno de estos elementos y los locales a que afectan».

Los balcones son elemento común

También es significativa la STS 18-01-2007 que establece que «los balcones, así como las galerías y miradores, además de formar parte inseparable de su fachada hacen la función de muro delimitador de los pisos al exterior, y son, obviamente, elementos necesarios para el uso y disfrute del edificio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 396 del Código Civil».

 

Por todo lo expuesto, habiendo aclarado que la fachada y balcones son un elemento común, puede surgir la duda de qué trámites son necesarios para colocar una bandera de manera legal en la fachada o balcón del edificio.

 

En este punto, debemos aclarar que es necesario contar con un acuerdo de junta, previa convocatoria en la que se incluya la colocación de las banderas en la fachada exterior como un punto mas del orden del día, de manera que todos los vecinos conozcan previamente el contenido de la reunión y puedan realizar las alegaciones u objeciones que estimen pertinentes.

Acuerdo de junta

 

Con respecto a la mayoría necesaria para aprobar el acuerdo, hemos de mencionar que hasta la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal operada en virtud de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, la jurisprudencia exigía el requisito del acuerdo unánime de la Junta de Propietarios, por afectar la modificación de un elemento común a las reglas contenidas en el título constitutivo o en los estatutos. Sin embargo, tras la entrada en vigor de la citada reforma, se suavizó el requisito de la unanimidad, por lo que conforme a lo establecido en la nueva redacción del artículo 17.3 de la Ley de Propiedad Horizontal, únicamente es necesario que voten a favor del acuerdo la mayoría de tres quintos de propietarios que a su vez representen las tres quintas partes de las cuotas de participación.

Por último, pese a que se cuente con el acuerdo favorable en junta según las mayorías necesarias, también hay que examinar la normativa urbanística y municipal al lugar donde esté situado la finca, pues si se da el caso de que el inmueble esté clasificado como histórico o artístico, es muy probable que existan restricciones para realizar alteraciones estéticas en la fachada.

Antonio Ramírez Anaya

Abogado

 

¿Qué ocurre con las juntas de propietarios durante la pandemia?

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Como consecuencia del actual Estado de Alarma, se han visto afectadas las juntas de propietarios. Primero, por la imposibilidad de reunirse y, posteriormente, por las limitaciones establecidas por las administraciones competentes en cada territorio, en cuanto al numero máximo de personas.

Lagunas legales

La actual normativa que regula las CCPP es la Ley de Propiedad Horizontal de 1.960 y, pese a las reformas, ésta resulta simplemente parcheada y no adaptada a las especiales circunstancias.
Salvo en Cataluña, cuya ley especial (desde 2015) permite la celebración de juntas telemáticas, en el resto de comunidades rige la obligatoriedad de juntas presenciales. Sin embargo, dada la prolongación de las restricciones sanitarias para reunirse más de 10, 6 o 4 personas en los distintos períodos de vigencia del estado de Alarma, en determinadas situaciones, especialmente urgentes, se está utilizando este recurso en todo el territorio del Estado. La voluntad no es la de prohibir este tipo de juntas, pero por el momento no están contempladas.

El concepto de «presencialidad» y los medios telemáticos

Más allá de que pueda usarse como instrumento o herramienta para poder gestionar necesidades de la comunidad con los representantes de esta, al realizar una junta ordinaria o extraordinaria en la comunidad nos encontraríamos con el problema de la presencialidad; la Ley establece que se concurre de manera personal, ¿es eso presencial? ¿Y que ocurriría a su vez con las representaciones otorgadas?
La Ley garantiza el derecho de asistencia, voz y voto a los propietarios, luego, ¿qué ocurriría con quien no disponga de medios telemáticos de acceso? Claramente se le estaría limitando su capacidad de participar, cuestión esta que podría ser impugnable ante un tribunal, mas aún si se trata de un acuerdo lesivo para la persona que no comparece en la junta.

Las sociedades de capital pueden realizar este tipo de celebraciones de juntas, pero esto no es aplicable por analogía a las CCPP, al ser éstas entes sin personalidad jurídica.

Además, si no tengo medios telemáticos, o en caso de existir limitación de reunión ¿podría acudir a la junta mediante representación? La respuesta es: solo si voluntariamente lo decido, pero no puedo ser obligado, ya que, de ser así, se me estaría privando de derecho de voz y esto no puede hacerse si existe un interés legitimo por parte del propietario en acudir a la junta.
La delegación de voto por tanto solo puede ser voluntaria y en ningún caso exigirse o coaccionarse.

¿Celebrar o no celebrar?, he aquí el dilema

El hecho de convocar y celebrar una junta superando las restricciones puede dar lugar a infracciones de tipo legal, pues se estaría incurriendo en contravención de las normas que regulan la situación sanitaria, se podría incurrir en responsabilidad civil e incluso penal por desobediencia. Si se supera el aforo, procede desconvocar la junta, y no limitar el acceso y permitir celebrarse solo con “los primeros que lleguen”.

Pero la comunidad no se puede parar. Pese a la situación sanitaria y las dificultades de celebrar juntas, tiene que seguir funcionando. Es un ente vivo y tiene constantes necesidades. Por ello recomendamos adaptarse a las necesidades de cada comunidad, aplicando la mejor “ lex artis” por parte del administrador. Y en cuanto a la gestión de las incidencias, ajustarse a cada momento y aprovecharse de las posibilidades de actuación que la LPH concede al presidente para velar por el buen fin y estado de la comunidad.

En las comunidades en las que exista junta directiva o vocales, con su capacidad de decisión delegada, cabe que este órgano pueda reunirse válidamente y adoptar decisiones de gestión. No existe en el espíritu de la Ley un veto a las reuniones telemáticas, pero la celebración de estas debe de estar justificado o existir un interés legítimo y cabe siempre que el vecino que no pueda acudir pueda impugnar la celebración de la misma.

¿Hay otras alternativas?

Una alternativa a la celebración de una junta presencial es una suerte de convocatoria donde se incluye el orden del día y en el que se facilita un plazo en el que los propietarios mediante una consulta vinculante se manifiestan sobre los distintos puntos. Nos encontraríamos con una falta de deliberación, si bien se permitiría un funcionamiento excepcional en caso de necesidad.
Hay que recordar que el administrador carece de la capacidad para tomar acuerdos, y solo la junta tiene esta atribución, puntual y temporalmente el presidente puede tomar decisiones si bien no debe esta situación demorarse indefinidamente en el tiempo.

Si no hay junta, ¿cómo se renuevan los cargos?

Por lo que respecta a la renovación de los cargos y que en la Ley se fija en un año, esta no soluciona su posible caducidad. En Cataluña se entienden automáticamente prorrogados.
Es prudente una renovación tácita de los cargos si las circunstancias lo exigen con el fin de evitar una posible indefensión de la CCPP, existe ya jurisprudencia en este sentido. El fin de esta situación es en todo caso actuar en beneficio de la comunidad.
El cargo de presidente conlleva igualmente obligaciones; si la no celebración de juntas implica la imposibilidad de presentar cuentas es conveniente que estas sean informadas, no incurriendo igualmente en este sentido en posibles responsabilidades por falta de información.

Respecto de velar por la tesorería y las obras necesarias de reparaciones urgentes, si estas no pueden ser tratadas en junta, el presidente está autorizado para actuar en todo caso en beneficio de la comunidad, tomando las decisiones que impliquen reparación, aún cuando ello implique la necesidad de emitir derrama, dejando para un momento posterior la ratificación de dicho acuerdo ( ojo, no hablamos ya del debate y aprobación en este momento, solo de su ratificación). Lógicamente consideramos necesario el envío a los comuneros de la correspondiente circular informativa.

¿Y el resto de gestiones?

Para el caso de actuaciones judiciales o ante administraciones que impliquen la adopción de previo acuerdo en junta, esta situación solo podrá solucionarse:

  • En el caso de reclamaciones por falta de pago, retrotrayéndose a acuerdos anteriores de aprobación de saldos o mediante la interposición de juicios declarativo.
  • Con respecto a las administraciones, si estas exigen un acuerdo tácito, como puede ser en la solicitud de subvenciones, y una mayoría cualificada ( p.e. instalación de ascensor y su tramitación de subvención), este acuerdo solo podrá adoptarse actualmente mediante la presencia por representación, con la problemática que ya hemos expuesto.
  • Para cuestiones relativas a contrataciones o ceses en la comunidad, (mantenimientos de todo tipo, seguros, administrador etc), si no se ha facultado expresamente al presidente, la legitimación le corresponde a la propia Junta, por lo que habría que esperar a poder celebrarse.

A modo de resumen, las juntas presenciales pueden celebrarse si la ocasión lo requiere, pero siempre bajo las normas administrativas vigentes; las juntas de carácter telemático no están contempladas, son fácilmente impugnables y carecen de rigor jurídico, aunque pueden ser un buen instrumento de ayuda y control de la gestión. En uno y otro caso, acudir a la junta mediante representación no puede ser nunca una obligación, si no una mera recomendación.
Igualmente, el presidente tiene un margen de actuación en representación de la junta que le permite poder realizar cuantas gestiones de carácter ordinario sean necesarias para el normal desarrollo de la vida de la comunidad.

Oscar Artero

Abogado

Estoy en ERTE. ¿Cómo me afecta en la declaración de la Renta?

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Durante el ejercicio 2020 se ha incrementado exponencialmente el número de ERTEs en las empresas españolas debido a la pandemia de COVID-19. En concreto, el número de afectados en España ronda los 4 millones. Por eso parece importante resaltar cómo va a afectar esta situación a efectos del IRPF.

 

Tal y como establece la Agencia Tributaria, el límite para no hacer la declaración es de 22.000€ en el caso de un único pagador, o 2 o más pagadores que no superen los 1500 euros anuales. Si el segundo pagador y siguientes superan los 1.500 euros, el límite máximo para no estar obligado a hacer la declaración es de 14.000 euros.

Pues bien, a pesar de que muchos de estos trabajadores afectados por un ERTE que en principio por la totalidad de sus rendimientos del trabajo en el año no superan los 22.000€ van a estar obligados a presentar la declaración por el hecho de tener dos pagadores, ya que el límite en este caso es de 14.000€.

 

Es crucial saber esto último, ya que en el borrador de la declaración solamente se indica si se está obligado o no a hacerla por el total de rendimientos, sin tener en cuenta si se tiene un pagador o más. Es decir, que si por ejemplo un trabajador tiene unos rendimientos totales de 18.000 euros, en el borrador saldrá que no está obligado a hacer la declaración ya que está por debajo de 22.000, pero si esos 18.000€ vienen de un pagador de 10.000€ y otro de 8.000€, sí estaría obligado a hacerla.

 

Otro de los grandes problemas a los que se enfrentan estos trabajadores en ERTE es precisamente que el SEPE no está aplicando retenciones de IRPF. Y no porque no estén sujetas a retención, sino porque, al no tener los datos completos de esa persona, no pueden calcular el % de retención que le corresponden. Por ello, optan por no retener o retener mínimamente. Si además se superan los límites comentados líneas más arriba, y a su vez no le han aplicado retenciones en parte de esos rendimientos de trabajo, es casi seguro que le saldrá la declaración a pagar.

 

La solución más sencilla es solicitar al SEPE que retenga un % concreto de la prestación. Sin embargo, esto es difícil de conseguir, debido a la saturación de sus líneas telefónicas y web. Por ello muchos trabajadores han preferido solicitar el aumento de las retenciones a sus empresas (claro está que esto solo lo han podido hacer los trabajadores que estaban en ERTE parcial o los que han salido del ERTE, ya que parte de sus rendimientos del trabajo los siguen recibiendo de su empresa).

Esta situación sobrevenida para los trabajadores afectados por ERTE no debiera perjudicarles más de lo que ya les ha afectado (muchos de ellos han cobrado tarde y mal por parte del SEPE), pues ahora se ven obligados a hacer la declaración de la renta y, además, que les salga a pagar, sin haber tenido la posibilidad de pedir al SEPE que le retuvieran parte de esos rendimientos. Ante esta situación, solo queda esperar que el legislador se pronuncie sobre este tema y establezca la no consideración de segundo pagador al SEPE en caso de cobro por ERTE por Covid-19.

Patricia Penella

Departamento fiscal

CÓMO ATRAER CLIENTES A TU FARMACIA y AHORRAR IMPUESTOS CON LOTISSE

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Seis consejos que te ayudarán a ahorrar en los impuestos de tu farmacia

 

Conocer las obligaciones fiscales de tu oficina de farmacia te permitirá ahorrar tiempo, dinero y disgustos. Descubre qué consejos fiscales debes aplicar para cumplir con Hacienda y evitar errores e inspecciones. Todos los emprendedores y pymes que se dedican al sector farmacéutico, y a otros sectores, tienen un objetivo esencial: pagar menos impuestos y ahorrar tiempo a la hora de declarar. Un simple error en la fecha de una declaración de Hacienda puede suponer la necesidad de hacer una declaración complementaria y tener una posible sanción o recargo. ¿Quieres algunos consejos? Te damos listamos algunas claves para que no te equivoques y ahorres impuestos.

 

Los 6 consejos fiscales esenciales para tu farmacia

Como Farmacéutico debes tener un conocimiento general, quizás actualizado anualmente, de los incentivos fiscales de los que puedes disfrutar. Por ejemplo, cumplir con Hacienda no tiene por qué ser una pesadilla si conoces cómo declarar ingresos, qué puedes deducirte y de qué manera. Estos son los 6 consejos que te proponemos:

​1. La declaración de beneficios de tu oficina de farmacia

Los ingresos que se generen como consecuencia de tu actividad en la oficina de farmacia los tendrás que declarar trimestralmente a través del modelo 130 que se refiere a las retenciones en concepto de IRPF que se realizan en las facturas que emitas. Por otra parte, una vez al año tendrás que hacer la declaración de la renta (modelo 100). En cuanto al IVA deberás presentar trimestralmente el modelo 303 y anualmente el modelo 390 (resumen anual). Con estos modelos se declara el IVA soportado y el repercutido.

  1. Requisitos de un gasto para ser deducible

Para deducirte un gasto en las declaraciones de IRPF tiene que reunir estas 4 características:

  • Que esté relacionado con tu actividad de oficina de farmacia.
  • Que el pago se haya realizado de forma telemática
  • Que conserves la factura de dicho pago.
  • Que el gasto se haya producido en un día laborable.

  1. Dedúcete dietas cuando te desplaces

En relación con lo anterior, si eres autónomo y tienes que viajar, comer o dormir fuera de casa porque tienes que visitar a un proveedor o acudir a un evento del sector farmacéutico, te podrás deducir lo que gastes en comida con un máximo de 26,67 euros al día en España y 48,08 euros al día en el extranjero. Si tienes que pernoctar fuera por motivos profesionales podrás deducirte hasta 53,34 euros al día en España y 91,35 euros al día en el extranjero.

  1. Si el local de tu farmacia está alquilado no olvides los modelos 115 y 180

En el caso de que el local de tu farmacia sea alquilado y en las facturas conste una retención en concepto de IRPF a tu arrendador, tendrás que declarar e ingresar esa retención en Hacienda mediante el modelo 115 cada trimestre y a principios de año deberás presentar un resumen anual de las retenciones mediante el modelo 180.

  1. Si has empezado tu actividad de farmacéutico hace poco tiempo estás de suerte

Si eres autónomo y has iniciado tu actividad este año podrás deducirte el 20% del rendimiento neto (ingresos – gastos) durante dos años, siempre y cuando registres rendimientos netos positivos. Es decir, si abres tu farmacia este año y no tienes beneficios hasta el año que viene no podrás acogerte a esta reducción. El límite de esta reducción es de 100.000 euros anuales.

  1. Otras deducciones que te pueden interesar

Si comienzas tu actividad y hay una o varias personas interesadas en invertir en tu farmacia debes saber que existe una deducción por inversión en empresas de reciente creación, que consiste en un 20% de las cantidades satisfechas por la suscripción de acciones o participaciones con un límite de 50.000 euros.

Por otra parte, podrás aplicarte deducciones en los casos que contrates a tu primer empleado, a empleados con discapacidad o si contratas a desempleados que cobren paro.

  

CONSEJOS PARA ATRAER CLIENTES A TU FARMACIA

El uso de internet y de los smartphones ha supuesto un cambio radical en los hábitos de consumo y, por lo tanto, ha supuesto un cambio en los clientes. La creatividad y la innovación son las claves para atraer, encantar y conquistar nuevos clientes para tu Farmacia. ¿Cómo lo puedes hacer? Sigue estos 6 consejos para lograr atraer lograr atraer y aumentar la cartilla de clientes de tu Farmacia:

  1. MONTA UN ESCAPARATE QUE IMPACTE

El escaparate de tu farmacia  es lo primero que verán tus clientes. Es tu rostro frente a ellos y es importante crear una impresión que perdure en el tiempo. En un escaparate encontramos tres elementos básicos e imprescindibles:

  • El color: Los colores provocan un efecto emocional y pueden tener un efecto en el cliente. Cuando decidas montar el escaparate recuerda que los colores que emplees deben ir acordes a la estación del año en la que estés. Por ejemplo, en verano usarás colores claros y cálidos, mientras que en invierno emplearás colores fríos como el azul.
  • Los elementos: El minimalismo es la clave para el escaparate de tu Farmacia, así que recuerda, a veces menos es más. Queremos impactar de la manera más sencilla posible.
  • La luz: La iluminación puede ayudarte a crear el ambiente que deseas. Las luces blancas o azules se suelen utilizar para temas tecnológicos y las más amarillas para crear ambientes más cálidos.
  1. CREA UNA PÁGINA WEB

Hace tiempo que las páginas webs dejaron de ser algo estático para convertirse en algo que se actualiza, que se mueve y que interactúa con los usuarios. Elabora una página web con menús sencillos, en la que sea fácil navegar y en la que quede clara tu diferencia con la competencia. Crea un blog en tu web para compartir con tus  clientes, contenido de valor como artículos, infografías o Libros Digitales. Elabora un calendario de publicaciones y escribe con regularidad sobre temas que respondan a las necesidades de tus clientes.

  1. INÍCIATE EN LAS REDES SOCIALES

Las redes sociales son una herramienta de marketing que puede hacer crecer tu Farmacia. Antes de crear un perfil en una red social,  evalúa si será rentable y después diseña tu estrategia haciéndote preguntas: ¿Qué red social es mejor? ¿Qué quieres conseguir? ¿En qué redes sociales están mis clientes? ¿Qué pasos voy a seguir? ¿Cómo voy a medir los resultados?

Una vez tengas respuesta a todas estas preguntas, crear un perfil en la red social que creas más adecuada. Cada red social tiene posibilidades únicas y no todas tendrán el mismo efecto para tu estrategia. Elige bien e iníciate en la aventura que te proporcionan las redes sociales.

  1. ORGANIZA UN EVENTO

Un evento o un taller puede ser una buena ocasión ideal para dar a conocer tu Farmacia y para entrar en contacto con tus clientes y potenciales clientes. Organizar pequeños eventos o talleres te permite llegar a varios clientes a la vez y sobre todo a captar Insights. Podrás saber que temas son de interés para tus consumidores y cuales no. Algunos ejemplos pueden ser una charla sobre el cuidado de la piel en verano o sobre salud en los bebés, este último especialmente para madres primerizas.

  1. DEJA QUE TUS CLIENTES HABLEN SOBRE TI

El clásico boca-oreja sigue funcionando a la perfección a la hora de atraer clientes, pero se ha adaptado a los nuevos tiempos y ahora los comentarios de los clientes pueden aparecer en tu web para atraer a nuevos usuarios. Recopila los comentarios y, con la autorización de cada cliente, publícalos en tu web.

  1. TENER UNA BUENA COMUNICACIÓN CON CLIENTES

En un negocio de cara al público como una farmacia, la atención al cliente debe cuidarse especialmente. No solo se trata de tener una buena comunicación con el cliente, se trata de dar soluciones, ser proactivo y dar siempre una imagen profesional. Para lograrlo puedes elaborar protocolos e impartir formación a los empleados.

Recuerda que en tus estrategias online es fundamental medir los resultados para saber lo que funciona y lo que se debe modificar.

En LOTISSE queremos ayudar a que tu farmacia crezca, HOY es el momento de cambiar, contacta con nuestros expertos en gestión de farmacias para concertar una cita sin compromiso.

La farmacia como empresa ante la crisis del COVID-19

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La economía ha sufrido un duro golpe por la crisis sanitaria del COVID-19. La actividad se ha reducido en muchas empresas. Numerosos negocios han tenido que cerrar, temporal o permanentemente, y a día de hoy el futuro a corto plazo sigue siendo incierto.

Sin embargo, determinadas actividades esenciales no se han visto apenas afectadas. Alimentación y salud son las principales. La farmacia entre ellas. En un reciente boletín, la Asociación Madrileña de Asesores de Farmacia (AMAF) analiza el valor de la oficina de farmacia como inversión. Su conclusión es que esta «esta crisis nos ha demostrado que las farmacias son y serán un negocio seguro«.

Los datos acumulados desde el inicio de la crisis sanitaria indican que estos establecimientos vienen siendo «de los pocos que no han tenido que cerrar en esta crisis». «Aunque algunas han vendido más que otras, no es comparable con haber tenido que cerrar un negocio más de mes y medio», prosiguen.

La AMAF destaca que, durante la pandemia, la labor asistencial se ha visto además «potenciada enormemente», con farmacéuticos que, dicen, «se han convertido de facto en médicos de familia ante la ausencia de consultas médicas en los centros de Atención Primaria».

Además de medicamentos, las farmacias están vendiendo otros productos de higiene, como mascarillas o geles hidroalcohólicos, o de prevención. El consumidor tiene confianza en que, si compra estos productos en la botica, son seguros.

Para la Asociación, todas estas circunstancias «favorecen a la oficina de farmacia, no sólo en su vertiente sanitaria, sino también en su vertiente de negocio«. En comparación con otros establecimientos, dicen, «la farmacia no sólo se ha mantenido en esta crisis sino que, por decirlo de alguna manera, ha ido más allá». Y es más. AMAF considera que «todavía tiene mucho campo de crecimiento a través de la venta on line«, que opinan, podría ser uno de los segmentos que salgan reforzados de esta crisis.

«Todo ello no hace más que afianzar a las oficinas de farmacias como un negocio seguro y rentable, que no solo sobrevive a cualquier situación de crisis o emergencia, sino que es indispensable y mejora aún más sus servicios ante estas situaciones», aseguran, destacando la oportunidad que supone para los interesados en comprar, tras un estancamiento en las transacciones durante el primer mes de confinamiento.

Manuel Martínez Ramos

Lotisse Asesoría. Depto.de farmacias

LA REPRESENTACIÓN EN JUNTAS DE PROPIETARIOS

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En derecho, podemos definir la representación  como aquella relación jurídica que se produce cuando se confía a una determinada persona, a la que se denomina representante, la facultad de actuar y de decidir, dentro de unos límites determinados, en interés y por cuenta de otra persona, a la que se le denominará representado.

En el caso concreto de las juntas de Propietarios, la representación se produce cuando un propietario no puede asistir a la junta y delega su voto en otra persona, sea ésta o no propietaria de alguna finca en el edificio. Con las limitaciones de aforo y otras medidas sanitarias contra la propagación del COVID-19, la representación es actualmente una fórmula eficaz para participar en una junta de forma no presencial.

La representación, está regulada en el art 15.1  de la l.p.h  que establece : “La asistencia a la junta de propietarios será personal o por presentación legal o voluntaria, bastando para acreditar ésta un escrito firmado por el propietario “.

Será necesario hacer una primera distinción:

1º Representación Legal: Para aquellos casos en que una persona ejerza la representación legal de otra, casos de personas incapaces, tutores legales, menores sujetos a patria potestad, etc., pero también los representantes legales de sociedades, asociaciones y otras entidades públicas ó privadas. En este caso la Comunidad podrá exigir que el representante aporte la oportuna documentación que  justifique esta representación.

2º Representación Voluntaria. Es aquella por la cual una persona representa a otra, ante la Junta de Propietarios. El propietario otorgará   escrito  a un tercero para que acuda en su nombre a la reunión.

 

Haremos a continuación algunas consideraciones de interés de la representación en el ámbito de la Ley de Propiedad Horizontal.

En principio es necesario que la representación sea por escrito. Incluso se admite la otorgada por medio de correo electrónico. No obstante, si se produce de forma verbal y los asistentes a la Junta admiten tal hecho, también tendría validez.

Para formalizar la representación, el propietario, identificándose correctamente, deberá firmar un documento en el que se incluya el nombre y el DNI de la persona que lo va a representar, así como la reunión para la que tiene validez esa representación.

Puede la representación estar limitada a una junta en concreto pero cabe también representación más amplia para amplios periodos o hasta que esta representación sea revocada.

No es necesario que la representación sea con poder Notarial, ni adjuntando copia del DNI del representado; la LPH no lo contempla.

Cuando una determinado inmueble pertenece a varios propietarios, se computa un solo voto, debiendo nombrar un representante para asistir a las Juntas.

Art 15.1 l.p.h ; Si algún piso o local perteneciese “pro indiviso” a  diferentes propietarios estos nombrarán un representante para asistir y votar en las juntas.

En el caso de cónyuges o ex-cónyuges que tengan la finca en gananciales o proindiviso, podrían hacerlo los dos, aunque con un solo voto. Si no existe acuerdo y ambos quieren votar y lo hacen en diferente sentido, el voto quedará anulado.

También pueden ejercer la representación el Secretario y el Presidente de la Comunidad, no existe límite legal.

La ley de Propiedad Horizontal no establece ningún límite respecto al número de representaciones. Por tanto, un propietario o un tercero puede asistir a la junta con tantas como propietarios le hayan conferido dichas facultades.

Un propietario moroso no puede votar pero si puede representar a otro. El moroso está privado de voto por su propiedad, pero ello no impide que pueda acudir a la Junta y votar en nombre de otro propietario que le haya dado la oportuna representación, pues el art. 15.1 de la Ley de Propiedad Horizontal no pone condiciones al respecto.

Pablo Hinojosa

Abogado