La farmacia como empresa ante la crisis del COVID-19

La economía ha sufrido un duro golpe por la crisis sanitaria del COVID-19. La actividad se ha reducido en muchas empresas. Numerosos negocios han tenido que cerrar, temporal o permanentemente, y a día de hoy el futuro a corto plazo sigue siendo incierto.

Sin embargo, determinadas actividades esenciales no se han visto apenas afectadas. Alimentación y salud son las principales. La farmacia entre ellas. En un reciente boletín, la Asociación Madrileña de Asesores de Farmacia (AMAF) analiza el valor de la oficina de farmacia como inversión. Su conclusión es que esta «esta crisis nos ha demostrado que las farmacias son y serán un negocio seguro«.

Los datos acumulados desde el inicio de la crisis sanitaria indican que estos establecimientos vienen siendo «de los pocos que no han tenido que cerrar en esta crisis». «Aunque algunas han vendido más que otras, no es comparable con haber tenido que cerrar un negocio más de mes y medio», prosiguen.

La AMAF destaca que, durante la pandemia, la labor asistencial se ha visto además «potenciada enormemente», con farmacéuticos que, dicen, «se han convertido de facto en médicos de familia ante la ausencia de consultas médicas en los centros de Atención Primaria».

Además de medicamentos, las farmacias están vendiendo otros productos de higiene, como mascarillas o geles hidroalcohólicos, o de prevención. El consumidor tiene confianza en que, si compra estos productos en la botica, son seguros.

Para la Asociación, todas estas circunstancias «favorecen a la oficina de farmacia, no sólo en su vertiente sanitaria, sino también en su vertiente de negocio«. En comparación con otros establecimientos, dicen, «la farmacia no sólo se ha mantenido en esta crisis sino que, por decirlo de alguna manera, ha ido más allá». Y es más. AMAF considera que «todavía tiene mucho campo de crecimiento a través de la venta on line«, que opinan, podría ser uno de los segmentos que salgan reforzados de esta crisis.

«Todo ello no hace más que afianzar a las oficinas de farmacias como un negocio seguro y rentable, que no solo sobrevive a cualquier situación de crisis o emergencia, sino que es indispensable y mejora aún más sus servicios ante estas situaciones», aseguran, destacando la oportunidad que supone para los interesados en comprar, tras un estancamiento en las transacciones durante el primer mes de confinamiento.

Manuel Martínez Ramos

Lotisse Asesoría. Depto.de farmacias

LA REPRESENTACIÓN EN JUNTAS DE PROPIETARIOS

En derecho, podemos definir la representación  como aquella relación jurídica que se produce cuando se confía a una determinada persona, a la que se denomina representante, la facultad de actuar y de decidir, dentro de unos límites determinados, en interés y por cuenta de otra persona, a la que se le denominará representado.

En el caso concreto de las juntas de Propietarios, la representación se produce cuando un propietario no puede asistir a la junta y delega su voto en otra persona, sea ésta o no propietaria de alguna finca en el edificio. Con las limitaciones de aforo y otras medidas sanitarias contra la propagación del COVID-19, la representación es actualmente una fórmula eficaz para participar en una junta de forma no presencial.

La representación, está regulada en el art 15.1  de la l.p.h  que establece : “La asistencia a la junta de propietarios será personal o por presentación legal o voluntaria, bastando para acreditar ésta un escrito firmado por el propietario “.

Será necesario hacer una primera distinción:

Representación Legal: Para aquellos casos en que una persona ejerza la representación legal de otra, casos de personas incapaces, tutores legales, menores sujetos a patria potestad, etc., pero también los representantes legales de sociedades, asociaciones y otras entidades públicas ó privadas. En este caso la Comunidad podrá exigir que el representante aporte la oportuna documentación que  justifique esta representación.

Representación Voluntaria. Es aquella por la cual una persona representa a otra, ante la Junta de Propietarios. El propietario otorgará   escrito  a un tercero para que acuda en su nombre a la reunión.

 

Haremos a continuación algunas consideraciones de interés de la representación en el ámbito de la Ley de Propiedad Horizontal.

En principio es necesario que la representación sea por escrito. Incluso se admite la otorgada por medio de correo electrónico. No obstante, si se produce de forma verbal y los asistentes a la Junta admiten tal hecho, también tendría validez.

Para formalizar la representación, el propietario, identificándose correctamente, deberá firmar un documento en el que se incluya el nombre y el DNI de la persona que lo va a representar, así como la reunión para la que tiene validez esa representación.

Puede la representación estar limitada a una junta en concreto pero cabe también representación más amplia para amplios periodos o hasta que esta representación sea revocada.

No es necesario que la representación sea con poder Notarial, ni adjuntando copia del DNI del representado; la LPH no lo contempla.

Cuando una determinado inmueble pertenece a varios propietarios, se computa un solo voto, debiendo nombrar un representante para asistir a las Juntas.

Art 15.1 l.p.h ; Si algún piso o local perteneciese “pro indiviso” a  diferentes propietarios estos nombrarán un representante para asistir y votar en las juntas.

En el caso de cónyuges o ex-cónyuges que tengan la finca en gananciales o proindiviso, podrían hacerlo los dos, aunque con un solo voto. Si no existe acuerdo y ambos quieren votar y lo hacen en diferente sentido, el voto quedará anulado.

También pueden ejercer la representación el Secretario y el Presidente de la Comunidad, no existe límite legal.

La ley de Propiedad Horizontal no establece ningún límite respecto al número de representaciones. Por tanto, un propietario o un tercero puede asistir a la junta con tantas como propietarios le hayan conferido dichas facultades.

Un propietario moroso no puede votar pero si puede representar a otro. El moroso está privado de voto por su propiedad, pero ello no impide que pueda acudir a la Junta y votar en nombre de otro propietario que le haya dado la oportuna representación, pues el art. 15.1 de la Ley de Propiedad Horizontal no pone condiciones al respecto.

Pablo Hinojosa

Abogado

 

¿Puedo no llevar a mi hijo al colegio por miedo al COVID-19?

Con el comienzo del curso escolar y ante las cuarentenas llevadas a cabo en algunos colegios por casos positivos de COVID-19, tanto en profesores como alumnos, muchos padres se han planteado la posibilidad de no llevar a sus hijos a los centros escolares ante el temor de un posible contagio.

En España, la educación es obligatoria desde los 6 hasta los 16 años, salvo situaciones excepcionales y justificadas como son enfermedad del niño, residencia en el extranjero del niño o itinerancia de los padres. Esta nueva situación pandémica ha hecho plantearse a muchos padres ¿qué ocurriría si no llevo a mi hijo al colegio? Pues bien, dentro de los supuestos contemplados legalmente para no llevar a los menores al centro escolar, no se encuentra la pandemia que estamos padeciendo actualmente, por ello los progenitores que decidan no llevar a los hijos al colegio por este motivo y lo hicieran de manera persistente, podrían estar incurriendo en un delito de abandono de familia y menores del artículo 226.1 del Código Penal, sancionado con pena de hasta 6 meses de prisión, o hasta 12 meses de multa.

El artículo 154 del Código Civil recoge las obligaciones y deberes de los progenitores con respecto a los hijos menores no emancipados en el ejercicio de la patria potestad, entre ellos destaca el de educar y procurarles una formación integral. Es importante reseñar, que esta obligación es de ambos progenitores, aunque estos se encuentren divorciados o separados legalmente y la custodia sea en exclusiva de uno de ellos.

El Fiscal de Sala de Menores, el pasado 3 de septiembre de 2020, estableció unos criterios unificadores para las diferentes secciones de menores de las fiscalías provinciales en materia de absentismo escolar derivados de la crisis de la COVID-19 estableciendo que: la asistencia presencial del alumnado, en los parámetros y condiciones de seguridad que establecen los protocolos de los centros escolares, constituye una obligación ineludible para los padres o tutores de los menores afectados. Desatender de manera injustificada y reiterada esta obligación, conllevará consecuencias legales derivadas del incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad, como ha venido ocurriendo, hasta el momento, en los supuestos de absentismo.

En el caso de que el menor no tenga ningún problema médico que le haga persona de riesgo si se contagia de COVID-19, la obligación de llevarle al Centro Escolar para procurarle su educación subsiste en este período si no existe ninguna alternativa de clases telemáticas acordadas por el centro docente.

Con fecha 17 de septiembre de 2020 un Juzgado de familia de León ha dictado la primera resolución por absentismo escolar como consecuencia de la crisis del coronavirus en nuestro país. El tribunal ha obligado a uno de los progenitores, separados y con opiniones diferentes sobre la obligación de educar y la asistencia del menor, de 5 años, a llevar a su hijo al colegio a pesar de su «temor» a que se contagie de coronavirus. Establece la sentencia que «El derecho a la educación es del menor no del padre ni de la madre, y un niño a esa edad más que aprender va al colegio a socializarse y eso no puede hacerse con la madre y los abuelos maternos, los cuales atendiendo a las circunstancias expuestas no están exentos del riesgo de contagio de la enfermedad», señala el auto del Juzgado.

Como conclusión, el deber de los padres, consustancial a la patria potestad, de llevar a sus hijos al centro escolar permanece en la actual situación provocada por el COVID-19. En los casos en los que se produzca un incumplimiento reiterado de la obligación de llevarlos al colegio por parte de los padres, sin que esta sea provocada por una no situación de riesgo para la salud del menor o de sus familiares justificada y además no vaya acompañada de educación en el domicilio, de manera coordinada con el centro escolar, concurrirían las circunstancias establecidas para entender que se están desatendiendo los derechos del menor.

Raquel Fernández

Abogada

No soporto el ruido de los vecinos. ¿Qué puedo hacer?

Los perjuicios causados por los ruidos han dado lugar a toda una especialidad en el mundo del derecho. Gabinetes y asociaciones especializadas de abogados, un decálogo del Defensor del Pueblo, o la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), demuestran que se trata de un problema muy importante en las sociedades modernas. Ésta última  menciona el ruido como la primera molestia ambiental en los países industrializados.

Existen numerosas clases de molestias por ruido: obras en la vía pública, tráfico, aeropuertos, bares y discotecas, talleres, comercios, aires acondicionados… y vecinos. Aquí nos ocupamos, desde un punto de vista práctico, de esta última clase de ruido.

La relevancia de los perjuicios que puede ocasionar el exceso de decibelios es tal, que puede abordarse desde el Derecho Penal (Código Penal, delitos contra el medio ambiente, lesiones), Civil (Ley de Propiedad Horizontal, actividades molestas, nocivas, peligrosas o ilícitas) y Administrativo (Ordenanzas municipales, Ley del Ruido).

¡No saben vivir en comunidad!

Es interminable la casuística de los vecinos ruidosos. Lo saben bien los administradores de fincas, a cuyos despachos llegan diariamente quejas de todas clases: televisores a todo volumen, música, taconeos, arrastre de muebles, fiestas hasta la madrugada, peleas, voces, gritos, taladros y golpes en horas de descanso… Y desde luego, no ayuda nada el hecho de que la mayoría de los edificios plurifamiliares tienen un aislamiento acústico deficiente, a veces inexistente.

Sin embargo, precisamente por tratarse de un problema de vecindad, es mucho más delicado que si se trata de denunciar a un bar, un taller, o unas obras en la vía pública. Con el vecino ruidoso nos cruzamos a diario en la escalera. Queramos o no, convivimos con él.

¿Cómo abordar el problema?

La denuncia debe ser siempre el último recurso, porque una vez en marcha, hay que llegar hasta el final, y su resultado no siempre está garantizado. ¿Por qué? La respuesta es la dificultad de la prueba. Primero, hay que tener en cuenta que la percepción del ruido es subjetiva. A una persona puede parecerle molesto sentir pasos en el piso superior, y a otra no. Un estudiante de oposiciones puede sufrir dificultades de concentración por el más leve zumbido o goteo, y otro estudia con auriculares, escuchando música sin que nada le perturbe. Es decir, hay tantos grados de sensibilidad como de ruido.

Por esta razón, cualquier denuncia ha de basarse en la prueba de que los ruidos, no solo superan los umbrales legales, en decibelios (db), sino que son constantes en el tiempo. Para ello hay que contar con mediciones oficiales, denuncias reiteradas y testigos.

Es recomendable por tanto seguir estos pasos:

1.- Informar al administrador o presidente

Informarles sobre las molestias que se están soportando, y solicitarles aperciban al causante.

El administrador o presidente solo podrán remitir una carta o correo electrónico al vecino (supuestamente ruidoso), de contenido neutral y de carácter exclusivamente de mediación, informándole que se han recibido quejas, pero que si considera que son infundadas, lo haga saber.

La comunidad solo puede apercibir, informar y mediar, porque la potestad disciplinaria y sancionadora corresponde exclusivamente a las administraciones competentes en materia de ruido (ayuntamientos, comunidades autónomas), o los juzgados. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la mera notificación de las quejas tiene como efecto que las molestias cesen, al menos durante un tiempo.

2.- Si el problema persiste:

Comience a armarse de pruebas. Primero, es conveniente que conozca la ordenanza de su ayuntamiento, para saber qué horas son las permitidas para según qué tipo de ruidos.

Las ordenanzas suelen estar disponibles en las páginas o portales de internet de los ayuntamientos. Con ligeras variaciones entre unos y otros municipios, estos son los horarios y límites más habituales:

Obras y trabajos caseros rutinarios

Lunes a viernes:            Entre las 08:00 y las 15:00 y entre las 17:00 y las 20:00 horas

Sábados y festivos:       Entre las 09:00 y las 15:00 y entre las 17:00 y las 19:00 horas

Carga y descarga de materiales de obra, suministros, mudanzas, etc...

De lunes a viernes:         Entre las 07:00 y las 22.00 horas

Sábados y festivos:        Entre las 07:00 y las 23:00 horas

Celebraciones privadas en viviendas o locales:

Entre las 12:00 y las 23.00 horas

Los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero, entre las 12:00 y las 04:00 horas.

Celebraciones en patios comunitarios de edificios de vivienda:

Entre las 11:00 y las 00:00 horas

Los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero, entre las 12:00 y las 04:00 horas.

Celebraciones en zonas comunes privadas al aire libre de la CC PP

Podrán regularse por la comunidad o intercomunidad de propietarios

Instrumentos musicales.

Está prohibido hacer sonar instrumentos musicales de cualquier naturaleza, a cualquier hora del día cuando se haya recibido denuncia o queja al respecto y a juicio del agente de Policía Local actuante genere molestias tales que por su persistencia e intensidad resulten inadmisibles.

Animales

  1. a) Los poseedores de animales serán responsables de adoptar medidas para impedir que causen molestias por ruido, tanto si los animales se encuentran en el  interior de las viviendas como si están en balcones, zonas comunes, patios, terrazas, etc.
  2. b) Se prohíbe sacar animales a patios de luces cuando causen molestias por ruido a los vecinos.
  3. c) Se prohíbe, aunque sea temporalmente, abandonar o dejar solos a los animales en las viviendas, balcones, ventanas, terrazas, patios y resto de zonas comunes de la edificación, cuando causen molestias por ruido a los vecinos

Además de los horarios, las ordenanzas recogen los límites admisibles de ruido, según las estancias. Así por ejemplo, el límite para un dormitorio es de 25 o 30 decibelios, según horarios. Para ello es necesario consultar las tablas de la ordenanza. Las sanciones van desde los 300 hasta los 3.000 euros, o más, según cada ayuntamiento.

¿Cómo puedo saber si se superan los límites de ruido?

Actualmente existen numerosas aplicaciones gratuitas para teléfonos móviles, que permiten medir el nivel de decibelios. Así podemos comprobar, antes que nada, que el ruido es excesivo, y que no se trata de algo puntual, sino cotidiano.

¿Qué hago ahora?

Hay que solicitar la intervención de Policía local, que deberá programar una o varias visitas para realizar mediciones oficiales, con sonómetros profesionales homologados, e incoar el correspondiente procedimiento de infracción contra el responsable de la fuente de ruido.

Legislación

Vea la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, transposición de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre y  por el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre.

Vea también las Ordenanzas municipales, según ayuntamientos.

Conozca también el decálogo de los Defensores del Pueblo contra el ruido.

Lotisse. Propiedad horizontal

 

Vehículos eléctricos y comunidad de propietarios

 

Para otro momento quedará el análisis de las ventajas y desventajas de la compra de un vehículo eléctrico. Lo que está claro es que las ventas van en aumento, y ello ha traído consigo algunos inconvenientes para sus propietarios.

Vivo en comunidad. ¿Dónde lo enchufo?

El inconveniente más obvio es la recarga. Los puntos de recarga no son suficientes en las ciudades y, aunque algunas promociones de obra nueva ya los contemplan en sus garajes, ¿qué ocurre en el resto de comunidades, o con los aparcamientos particulares?, ¿es posible instalar puntos de recarga?

Hemos de decir que si, aunque con particularidades. La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) regula su instalación en su artículo 17.5. “La instalación de un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado en el aparcamiento del edificio, siempre que éste se ubique en una plaza individual de garaje, solo requerirá la comunicación previa a la comunidad. El coste de dicha instalación y el consumo de electricidad correspondiente serán asumidos íntegramente por los interesados directos en la misma.»

Esto significa que no es necesario el visto bueno del resto de los vecinos, ni son necesarias mayoría cualificadas. Basta con que un propietario desee instalar el punto de recarga, lo comunique y asuma su coste.

No obstante, sí será necesaria autorización si la conexión de la derivación se realiza a un contador de propiedad comunitaria, en tanto en cuanto se estará afectando a un elemento común.

Una alternativa a medio plazo supone realizar una reforma de la instalación eléctrica común para habilitar varios puntos de recarga, con los costes que acarrea para todos los vecinos y no sólo para los interesados, algo que no siempre es bien entendido por los vecinos que carecen de esos vehículos.

Garajes asociados a viviendas

En estos casos, además de las formas de instalación que se enumeran para los garajes independientes, también es
viable realizar derivaciones individuales desde los propios contadores de las viviendas hasta las plazas de aparcamiento.

Garajes independientes, suministros instalados por la comunidad

En estos casos, existen dos posibles formas de realizar la instalación:

1.- La primera es realizar una preinstalación desde el cuadro eléctrico del garaje que discurra por todo el garaje con sección suficiente para que posteriormente todo el que quiera pueda engancharse a esa línea y colocar en su plaza el punto de recarga junto a un contador que deberá ser periódicamente leído para generar los recibos y pasarlos al cobro.

Al aumentar la demanda por parte de los usuarios, puede darse el caso de que la acometida existente sea insuficiente y salten los fusibles

2.- La segunda es realizar, por parte de cada propietario interesado, una instalación individual desde el cuadro eléctrico del garaje hasta su plaza con un cableado de sección apropiada para un solo punto de recarga y la instalación de contador, y así sucesivamente para el resto de interesados.

Ni que decir tiene que cada una de las intervenciones anteriores que impliquen una nueva instalación debe ser realizada por electricista autorizado y solicitando su correspondiente boletín de instalación para dar de alta el contador.

En cualquier caso, cualquier instalación tiene que cumplir con las instrucciones técnicas contenidas en el Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre.

Problemas cuando aumente la demanda

Por otro lado, otro de los problemas con los que pueden enfrentarse en el futuro los propietarios de un coche eléctrico, es un aumento de la demanda de los puntos de carga. Al aumentar la demanda por parte de los usuarios, con los primeros puntos de recarga no debería haber problema de suministro, pero al sobrepasar un número determinado se dará el caso de que la acometida existente sea de sección insuficiente, así que por seguridad esta situación provocará que salten los automáticos correspondientes dejando sin energía parte o la totalidad del garaje» en resumen, que la potencia contratada sea insuficiente.

Según se vayan aumentando los puntos de recarga, va a ser necesario un aumento de sección de la acometida del garaje con las consiguientes obras o incluso un aumento de la potencia.

Las ayudas públicas

La administración está interesada en promover la compra de vehículos eléctricos, y para ello viene estableciendo programas de ayudas y subvenciones, a nivel estatal y autonómico (Plan MOVEA, Plan PIVE 8, Plan MOVALT. Plan MOVES). Para el año 2020, el plan MOVES está dotado con 65 millones de euros, destinados a la compra de vehículos y a la instalación de infraestructuras de recarga. Los costes de instalación de un punto de recarga pueden verse considerablemente reducidos. Por ello es importante informarse bien, a través del concesionario y de las administraciones, como el Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía (IDEA).

 

 

Nuevo paquete de medidas urgentes del gobierno: pymes, autónomos y desempleados

El día 22 de abril se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

El texto, de 59 páginas, consta de preámbulo, 5 capítulos, 26 artículos, 15 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, 13 disposiciones finales y un Anexo.

Este es el cuarto decreto del gobierno desde el inicio del Estado de Alarma por la pandemia del COVID-19, tras los de 14, 17 y 31 de marzo. En las entradas anteriores de este blog puede encontrar los resúmenes.

Desde mediados de marzo de 2020, la actividad normativa de las administraciones (gobierno, autonomías, ayuntamientos) está siendo muy intensa, y es fácil perderse entre tanta información. Vamos a resumir aquí lo más importante de este nuevo Real Decreto-ley. Puede acceder a su texto completo en este enlace.

Los alquileres de locales a pymes y autónomos

Desde el comienzo del Estado de Alarma, se ha legislado a favor de moratorias y facilidades en los alquileres de viviendas, pero nada se había establecido sobre los alquileres de locales comerciales, medidas que venían reivindicando pymes y autónomos cuya actividad ha cesado o se ha reducido drásticamente. En este sentido, el preámbulo de esta nueva norma recoge que “procede prever una regulación específica en línea con la cláusula «rebus sic stantibus», de elaboración jurisprudencial, que permite la modulación o modificación de las obligaciones contractuales si concurren los requisitos exigidos: imprevisibilidad e inevitabilidad del riesgo derivado, excesiva onerosidad de la prestación debida y buena fe contractual.”

¿Cuáles son las medidas?

Las pymes y autónomos tendrán derecho, y podrán solicitar hasta el 21 de mayo, la moratoria en el pago de la renta del local arrendado a empresas, entidades públicas o grandes tenedores (personas físicas o jurídicas con más de 10 locales arrendados, o más de 1500 m2 de superficie). La moratoria se extenderá a toda la duración del Estado de Alarma, y, si no fuera suficiente, hasta un máximo de 4 meses después. Se podrán pagar las rentas aplazadas hasta dos años después de terminar el Estado de Alarma o sus prórrogas.

En caso de que el propietario del local no sea gran tenedor, la pyme o el autónomo podrán también solicitarle una moratoria. Si no hay acuerdo, éstos podrán aplicar la fianza del contrato al pago de mensualidades. En este caso la fianza hay que reponerla en plazo de un año, o en el que quede para que venza el contrato, si es menos de un año.

Esta medida va a beneficiar a más de 222.000 inmuebles alquilados de uso comercial, ocio, hostelería y turismo.

Requisitos

Para los autónomos, que se haya decretado el cese de su actividad por el  Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo o su facturación del mes anterior a la solicitud se haya reducido el 75% respecto a la facturación media del trimestre correspondiente del año anterior

Para las pymes, además de los dos requisitos anteriores, que tengan una cifra de negocios inferior a 8 millones de euros y menos de 50 trabajadores.

Financiación de las empresas y autónomos

Para facilitar la liquidez de las empresas, se conceden aplazamientos de las cuotas de los préstamos concedidos en el marco de sus programas de subvenciones o ayudas reembolsables, se habilita al Consorcio de Compensación de Seguros para que desarrolle actividades de reaseguro de crédito y de caución a partir de 2020 y se amplía la línea de avales. Todo ello debe permitir que las empresas y autónomos continúen abonando los salarios de sus empleados, puedan adelantar el cobro de sus facturas, a través de figuras como el factoring, o anticipar el pago de facturas a sus proveedores, a través de modalidades como el confirming.

Nuevas medidas fiscales

Se aplica IVA cero al material sanitario comprado por administraciones, centros sanitarios y sociales.

Se amplían las modalidades de fraccionamiento de pago del impuesto de sociedades, cumpliendo determinados requisitos.

Se facilita adaptar el régimen de declaraciones tributarias de los autónomos a la situación de falta de ingresos. Así, se puede renunciar al método de estimación objetiva en IRPF (módulos) y al régimen simplificado de IVA, pasando al método de estimación directa, pudiendo volver a dicho método en el ejercicio 2021. Los que continúen en estimación objetiva, podrán no computar los días correspondientes al Estado de Alarma en el cálculo de rendimientos en IRPF y régimen simplificado de IVA.

No se iniciarán periodos ejecutivos de cobro de deudas tributarias, si se ha solicitado financiación para su pago con arreglo al Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias por el Estado de Alarma.

Desempleo y planes de pensiones

La extinción de la relación laboral durante el período de prueba a instancia de la empresa, producida a partir del día 9 de marzo de 2020, tendrá la consideración de situación legal de desempleo con independencia de la causa por la que se hubiera extinguido la relación laboral anterior. Esto se extiende a trabajadores que hayan resuelto su contrato voluntariamente a partir del 1 de marzo, por tener oferta de trabajo de otra empresa, y ésta no lo haya podido contratar debido a la crisis de la pandemia.

A los trabajadores del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios que hayan trabajado un mínimo de 55 jornadas en 2019, se les reducen las cuotas de seguridad social de los meses de inactividad de 2020 en un 19,11%

También se detallan los requisitos y condiciones en las que se pueden hacer efectivos los planes de pensiones, tal como se recoge en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. Véase a este respecto nuestras anteriores entradas de blog.

Otras medidas económicas

Se podrán usar los fondos de Promoción y Educación de las Cooperativas como recurso financiero, para dotarlas de liquidez en caso de necesitarlo para su funcionamiento, restituyéndolo en plazo máximo de 10 años.

Se adoptan una serie de medidas para traspasar a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social la gestión de la prestación extraordinaria de cese de actividad.

También se adoptan otras medidas para sociedades laborales y participadas, actividad portuaria (tráficos mínimos, terminales de pasajeros, tasas de actividad y de buques, aplazamiento de deudas tributarias), tasas de ocupación de concesiones y autorizaciones de las administraciones.

Se habilita a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para que pueda prorrogar los plazos de presentación de los informes de supervisión, situación financiera, solvencia y estadístico-contable de las aseguradoras, así como las declaraciones estadístico-contables de agentes y corredores.

Se crea la nueva Fundación España Deporte Global, F.S.P. para la promoción, impulso y difusión del deporte federado, olímpico y paralímpico, así como la internacionalización del deporte español. Se trata de medidas para garantizar la sostenibilidad de las federaciones deportivas y de los programas de preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Se establecen ayudas con cargo a financiación de convocatorias públicas en el ámbito universitario para garantizar la continuidad de proyectos, incluyendo los relativos a las especialidades relacionadas con el ámbito sanitario.

Ampliación y suspensión de plazos

Se amplían, en general, los plazos establecidos en los decretos de alarma anteriores, hasta el 30 de mayo.

Se suspenden los plazos de duración de las actuaciones comprobatorias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Se detallan determinados aspectos de la integración del Régimen de pensiones de Clases Pasivas del Estado (funcionarios del Estado y transferidos, militares, ex presidentes, ministros, etc) en el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

¿Le afecta alguna de estas medidas? Si tiene alguna duda, consulte con los especialistas de De Juan & Asociados.

COVID-19. Ayuda de la Junta de Andalucía para los autónomos

Ayer se ha aprobado el  Decreto-Ley 9/2020, de 15 de abril de la Junta de Andalucía, por el que se establecen medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).

Medida aprobada: Subvención de 300 euros (pago único) para trabajadores por cuenta propia (autónomos o mutualistas), de hasta 99 actividades distintas, que figuran en el anexo.

Límite presupuestario: Se abonarán hasta agotar un presupuesto total de 50 millones de euros

Plazo de solicitud: desde hoy, día 16 de abril, hasta 15 días después de que se declare el fin del Estado de Alarma. Solo por vía telemática.

Exclusiones:

  • Autónomos que se han acogido a la prestación extraordinaria por cese de actividad que aprobó el Gobierno en el Real Decreto Ley de 29 de marzo.
  • Autónomos o mutualistas cuya actividad está considerada como servicio esencial.
  • Autónomos que tengan en su declaración de la renta una base liquidable general y del ahorro que supere tres veces el Salario Mínimo Interprofesional (unos 39.900 euros anuales).
  • Autónomos que tengan deudas en periodo ejecutivo de cualquier otro ingreso de derecho público de la Junta de Andalucía.

Condiciones para ser beneficiario: Mantener la actividad como autónomo, al menos durante el periodo de alarma.

Documentación

Rellenar el formulario telemático, que incluye una declaración de responsabilidad de cumplimiento de los requisitos:

  • DNI-NIF;
  • Domicilio fiscal
  • Empadronamiento en Andalucía
  • Alta en el régimen de autónomos de la Seguridad Social o en su mutualidad alternativa
  • No ser beneficiario de la prestación extraordinaria por cese de actividad
  • Número de cuenta bancaria para que pueda ser percibida la ayuda y declaración del IRPF.

La Junta comprobará telemáticamente que el beneficiario cumple todos los requisitos, salvo que éste se oponga expresamente, en cuyo caso tendrá que aportar originales de todos los documentos acreditativos.

Acceda al texto completo del Decreto-ley en este enlace.

 

Covid-19: nuevas medidas fiscales y judiciales

PYMES y autónomos

En el marco de las medidas económicas que viene adoptando el gobierno desde el inicio de la pandemia de coronavirus COVID-19, se acaba de publicar en el BOE el Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, que establece la ampliación de los plazos de presentación y pagos de declaraciones trimestrales de impuestos para que los autónomos y las pymes con una facturación inferior a 600.000 euros los puedan presentar hasta el 20 de mayo, en vez del mes de abril.

Si la forma de pago elegida es la domiciliación, el plazo de presentación de las autoliquidaciones se extenderá hasta el 15 de mayo de 2020.

Acceda aquí al texto completo del Real Decreto-ley

Reinicio de la actividad judicial

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha adoptado un acuerdo, en su Comisión Permanente celebrada el 13 de abril, por el cual, desde el día 15 de abril de 2020, en relación con las actuaciones y servicios no esenciales, podrán realizarse todas aquellas actuaciones procesales que no estén vinculadas a un término o plazo procesal (escritos iniciadores y de trámite), sujetos a la regla de la interrupción o suspensión establecida en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, y que puedan ser llevadas a cabo con los medios personales que, de forma consensuada con el CGPJ y los órganos de gobierno del Poder Judicial, fijen el Ministerio de Justicia y las Administraciones prestacionales.

Acceda aquí al acuerdo de la comisión permanente del CGPJ

Nuevas medidas urgentes del gobierno: lo más importante

El martes, 31 de marzo, el gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 11/2020, publicado el 1 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Este es el tercer decreto aprobado, tras los de 14 de marzo (declaración del Estado de Alarma) y 17 de marzo (medidas sociales y laborales). El nuevo decreto tiene que ser convalidado en los próximos treinta días en el Congreso de los Diputados, por lo que tendrá que contar con el apoyo de una mayoría parlamentaria.

La finalidad de esta norma, junto a la anterior, es paliar los duros efectos económicos que el Estado de Alarma y confinamiento está teniendo en trabajadores y empresas. Solo en el mes de marzo se han destruido más de 830.000 empleos. Está aún por ver cómo obtiene el gobierno la financiación, y particularmente cuál va a ser el apoyo de la Unión Europea.

No obstante, si se cumplen todas las previsiones de la norma, las personas que han quedado desamparadas o en situación precaria por culpa de la crisis del coronavirus COVID-19, podrán sortear la coyuntura mientras dure la pandemia y la parálisis económica.

Vayamos al grano

El texto del BOE tiene nada menos que 88 páginas, en las que se contienen 54 artículos, 22 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias y 13 disposiciones finales. Demasiada información para el ciudadano normal, que solo quiere conocer en qué le pueden beneficiar las medidas. Recogemos aquí lo más esencial.

¿Cuáles son las medidas más importantes?

Esencialmente, el capítulo 1 se destina a los consumidores, a las familias y a los colectivos más
vulnerables, incluyendo los autónomos y pequeñas empresas; el capítulo 2 se destina a sostener la actividad económica de las empresas; y el capítulo 3 se dirige al sector público, facilitando y flexibilizando procedimientos.

Consumidores, familias, parados, autónomos y pequeñas empresas

Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos.

Cuando se levante el Estado de Alarma, los arrendatarios incursos en procedimiento de desahucio pueden solicitar al juzgado que se suspendan los plazos por vulnerabilidad social o económica causada por la pandemia. El juzgado decidirá por cuánto tiempo.

Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual

Si el contrato vence hasta dos meses después de que finalice el Estado de Alarma, el inquilino podrá pedir una prórroga de seis meses.

Moratoria de deuda arrendaticia

Los grandes propietarios (empresas privadas o públicas, o particulares que tengan más de diez viviendas) tendrán que, bien reducir el 50% la renta mientras dure el Estado de Alarma, y cuatro meses más, si se acredita vulnerabilidad por la crisis de la pandemia; o bien conceder una moratoria en el pago, por el mismo periodo, pudiendo el inquilino pagar las rentas aplazadas durante los tres años posteriores, sin intereses.

¿Qué se entiende por vulnerabilidad? Requisitos

  • Que el inquilino esté desempleado, en ERTE, o si es empresario o autónomo, sus ingresos hayan
    descendido
    , de forma, en los tres casos, que los de la unidad familiar en el mes anterior a la solicitud de moratoria, sean inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM). Es decir, a 1.613,52 euros brutos al mes, cantidad que puede llegar hasta los 2.097,57 euros, en función del número
    de hijos, 1.855,54 para familias monoparentales, o hasta 2.689,20 euros en caso de gran discapacidad.
  • Que la renta más los gastos básicos (luz, agua, gas o gasóleo, teléfono y comunidad) sea más del 35% de los ingresos totales de la unidad familiar.
  • Que el inquilino no tenga en propiedad o usufructo ninguna vivienda, salvo parcialmente por herencia, salvo que sea titular separado o divorciado que no pueda usarla, o que no pueda usarla por no estar adaptada, si es el caso, a discapacidad suya o de otro miembro de la unidad familiar.

¿Cómo se acredita?

El inquilino tiene que presentar al arrendador (grandes propietarios) los siguientes documentos:

  • Si está en desempleo, certificado del INEM o entidad autonómica de empleo en el que conste la cuantía mensual que percibe.
  • Si es autónomo que ha tenido que cesar la actividad, certificado de Hacienda (AEAT) o el competente de su comunidad autónoma.
  • Libro de familia o documento de pareja de hecho.
  • Certificado de empadronamiento.
  • En su caso, declaración de discapacidad, dependencia o incapacidad permanente.
  • Nota simple del registro de la propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.
  • Declaración responsable de que cumple todos los requisitos.

Si no puede aportar algunos de los documentos puede sustituirlo por una declaración responsable de que cumple el requisito concreto y tendrá que aportarlo en plazo de un mes desde que finalice el Estado de Alarma.

Si el inquilino se aprovecha de las ayudas sin cumplir los requisitos, será responsable por los daños y perjuicios causados, como mínimo en la cuantía en que se haya beneficiado.

¿Y si el arrendador no es empresa y no tiene más de diez viviendas arrendadas?

En tal caso el inquilino le puede solicitar, hasta el 30 de abril, un aplazamiento temporal en el pago de la renta. El arrendador tendrá que contestar en plazo de 7 días si lo acepta o no, o si propone otra alternativa. El arrendador no está obligado. En caso de que no lo acepte, el inquilino puede acceder a las ayudas que recoge el Real Decreto-ley.

Entonces, ¿cuáles son las ayudas del gobierno a los inquilinos?

Hay que tener claro que, en un primer momento, el gobierno no va a dar dinero a los inquilinos con derecho a quita o aplazamiento. Lo que va a hacer es avalar frente a los bancos los préstamos que pueden pedir para pagar el alquiler. Les llama “ayudas transitorias de financiación”. El inquilino en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir un préstamo para pagar la renta de hasta seis mensualidades
, a devolver en seis años, sin intereses ni gastos, prorrogables excepcionalmente por otros cuatro más.

Solo para el caso de que el inquilino no pueda hacer frente a la devolución de estos préstamos, el gobierno ha establecido el llamado “Nuevo programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual”, Es decir, primero tiene que pedir el préstamo, y solo si tiene dificultad o no puede pagarlo, por continuar en situación de vulnerabilidad, podrá pedir las ayudas directas. Estas, sí, serán propiamente ayudas sin reembolso, de hasta 900 euros al mes. Las comunidades autónomas decidirán las cuantías exactas.

Otras situaciones especiales

El Real Decreto-ley establece además el llamado “Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables”. Para estas personas se establecen ayudas para darles una “solución habitacional”.

Moratoria de deuda hipotecaria.

El Real Decreto-ley concreta las condiciones exigidas para beneficiarse de la moratoria hipotecaria, ya recogida en el anterior Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. Puede ver lo más importante en esta entrada.

¿Y los préstamos no hipotecarios?

Para los préstamos al consumo (financiación de vehículos, préstamos personales, financiación de compras), se prevé que las personas en situación de vulnerabilidad, cumpliendo los mismos requisitos que para las hipotecas, tienen derecho a pedir la suspensión de los pagos por tres meses, que podrá ampliar el Consejo de Ministros. La solicitud podrá hacerla hasta un mes después de levantarse el Estado de Alarma. El banco o financiera, acreditados los requisitos, suspenderá el cobro automáticamente, sin que se devenguen nuevos intereses.

El bono social, también para los autónomos

En el artículo 28, el nuevo Real Decreto-ley otorga a los trabajadores autónomos las mismas ventajas que a los trabajadores o desempleados por cuenta ajena, para el “bono social de la luz”. Considera “consumidor vulnerable” a los autónomos que se hayan visto obligados al cese total de su actividad, o la reducción del 75% de la facturación. Ello supone una reducción del 25%, o hasta el 40% en casos severos, en el precio de la electricidad doméstica, mientras dure su situación de vulnerabilidad.

No se podrá cortar el agua, la luz o el gas por impago

Esta medida es para todos los consumidores, no solo los vulnerables. Simplemente hay que acreditar ante la empresa suministradora, por cualquier medio documental, que se trata de la vivienda habitual.

Ayudas a las empleadas y empleados de hogar

Si, como medida de prevención contra la epidemia, una empleada/o de hogar ha dejado de acudir temporalmente a la/s viviendas, o bien se ha extinguido su contrato por despido o desistimiento del empleador durante el estado de alarma, tendrá derecho a un subsidio extraordinario. Este subsidio será el 70% de la base reguladora del sueldo que estuviera cobrando, aplicable íntegramente, si ha dejado de trabajar completamente, o proporcionalmente, si ha dejado de trabajar parcialmente.

Esto se aplicará, tanto si trabaja para una sola casa, como si trabaja en varias. Para acceder al subsidio, hay que presentar declaración responsable de los empleadores, carta de despido, desistimiento del empleador o baja en el régimen especial de empleados del hogar de la Seguridad Social.

Lamentablemente, quedarán fuera de estas ayudas las empleadas del hogar que trabajan sin estar dadas de alta, que son muchas. Véase al respecto nuestra entrada de blog.

Subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal

Los trabajadores que durante el Estado de Alarma se vean en el paro por haber finalizado su contrato temporal, y no hayan cotizado suficiente para acceder a la prestación de desempleo, cobrarán un subsidio excepcional de un mes, ampliable por Decreto-ley. La cuantía será del 80% del IPREM, lo que suponen 430,27 euros.

Se puede disponer del dinero de los planes de pensiones

Los parados como consecuencia de un ERTE por la crisis sanitaria, los autónomos o empresarios obligados al cierre, podrán disponer durante seis meses del dinero ahorrado en planes de pensiones, pero solo en cuantía de los salarios o ingresos netos dejados de percibir durante el ERTE o el periodo de cierre obligatorio.

¿Qué ocurre con los billetes de avión, hoteles, viajes, espectáculos, gimnasios, suscripciones, etc.?

Todas estas cosas se han podido ver suspendidas por el Estado de Alarma. En este caso el Real Decreto-ley prevé que
los consumidores pueden pedir la anulación de los contratos o los pedidos en plazo de 14 días, a contar desde el 1 de abril. La empresa prestadora podrá contestar ofreciendo bonos canjeables más adelante u otras alternativas. Si el consumidor no acepta, o como máximo transcurridos 60 días desde que se tuvo que prestar el servicio o la compra, la empresa tendrá que devolver el dinero en plazo de 14 días.

Prohibida la publicidad de juegos de azar y apuestas.

Durante el Estado de Alarma, se prohíbe “cualquier forma de actividad publicitaria difundida por cualquier medio o soporte, destinada a promocionar, de manera directa o indirecta, las actividades de juego”

Medidas de apoyo a los autónomos y pymes

Cotizaciones a la Seguridad Social

Los autónomos de cualquier régimen (normales, profesionales, societarios, agrarios, etc) y las empresas tendrán seis meses para pagar, sin intereses, las cotizaciones de abril, mayo y junio (las empresas), o mayo, junio y julio (los autónomos), siempre que sus actividades no hayan cesado por el Estado de Alarma, o caído su facturación más del 75%. En este caso, se les aplica el Real Decreto-ley 8/2020 (no pagarán las cotizaciones de sus trabajadores y podrán acceder a la prestación extraordinaria por cese de actividad).

También podrán pedir el aplazamiento de deudas con la Seguridad Social que tuvieran que ingresar entre abril y junio (siempre que no tengan ningún otro aplazamiento en vigor), pagando el 0,5% de interés

Suministros de electricidad y gas

Los autónomos y empresas podrán suspender sus contratos, cambiar de comercializadora, modificar la potencia contratada, caudal de gas, etc., sin penalización ni coste alguno. Cuando termine el Estado de Alarma, tendrán plazo de 3 meses para reactivar el contrato y volver a modificar la potencia, caudal, etc. La compañía tendrá un plazo de 5 días naturales para hacerlo, también sin coste alguno.

También podrán solicitar la suspensión del pago de las facturas de estos suministros, correspondientes al periodo de duración del Estado de Alarma, y prorratear su importe en las facturas de los seis meses siguientes.

Donaciones al Estado

Cualquier empresa o particular podrá hacer donaciones al Estado, en dinero, suministros, inmuebles, etc., para la financiación exclusiva de los de la emergencia de salud pública en relación con el COVID-19 en España

Otras medidas administrativas

Se suspenden los plazos de recursos administrativos y tributarios, así como los de prescripción y caducidad de acciones.

Se prorrogan los contratos de personal docente e investigador en las universidades y en el Sistema Nacional de Salud

Hasta aquí lo más esencial para consumidores, autónomos y pymes. Si tiene alguna duda, consulte con los especialistas de De Juan & Asociados.

Adiós al fax

Los considerandos (exposición de motivos) de la Directiva 2019/2161 del Parlamento Europeo y del Consejo dicen en su párrafo 46: Teniendo en cuenta los avances tecnológicos, es necesario eliminar la referencia al número de fax de la lista de medios de comunicación en el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2011/83/UE, ya que el fax rara vez se utiliza en la actualidad y en gran medida se encuentra obsoleto.

La comunicación con el cliente

Se refiere a los medios de comunicación entre comerciante y cliente. La desaparición del fax de esta lista resulta curiosa, pero es uno más de los mecanismos de protección de los consumidores europeos. La Directiva refuerza el régimen de infracciones y sanciones que deben desplegar los países miembros para hacer efectiva esta protección.

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) han avanzado mucho. Pero también el riesgo de ser engañados. Por eso el Parlamento Europeo considera que el fax ya no ofrece ninguna protección a los datos sensibles de los clientes. Esta referencia al fax puede considerarse anecdótica. El grueso de esta norma habla de motores de búsqueda, anuncios, publicidad, comercio electrónico, etc. Internet es una “selva” para el consumidor, que no sabe si el producto que ha buscado y encontrado es realmente el mejor, o simplemente el mejor posicionado, porque alguien ha pagado por ello.

Resultados engañosos

Así, el párrafo 20 de los considerandos de la Directiva recoge: deben prohibirse las prácticas por las cuales un comerciante facilita información a un consumidor en forma de resultados de búsqueda en respuesta a las consultas en línea efectuadas por el consumidor sin revelar con claridad la publicidad retribuida o el pago específico para que ciertos productos obtengan una clasificación superior en los resultados de las búsquedas.

Y en el párrafo 47 se afirma: … debe considerarse que es una práctica comercial desleal inducir a error a los consumidores afirmando que las reseñas de un producto han sido añadidas por consumidores que han utilizado o adquirido realmente ese producto si no se tomaron medidas razonables y proporcionadas para garantizar que dichas reseñas pertenezcan a dichos consumidores.

Multas más duras

La norma establece multas “efectivas, proporcionadas y disuasorias” de hasta un 4% de la facturación anual de la sociedad, que viene a poner límites a prácticas como las siguientes:

– Ofrecer gratuitamente productos a cambio de datos personales. Esta práctica no se prohíbe, pero se equipara a la venta.

– El cliente tendrá derecho a conocer si su vendedor es o no comerciante. En el caso de que sea un particular y no tenga consideración de comerciante, el cliente tendrá derecho a desistir de lo adquirido en los siguientes 14 días siguientes a la compra.

Estas y muchas más prescripciones de la Directiva pretenden poner coto a los abusos que las nuevas tecnologías están propiciando, reforzando la defensa de los consumidores y ampliando la potestad de sanción de los Estados Miembros.

 

Lotisse. Departamento de Derecho Civil.