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Vehículos eléctricos y comunidad de propietarios

 

Para otro momento quedará el análisis de las ventajas y desventajas de la compra de un vehículo eléctrico. Lo que está claro es que las ventas van en aumento, y ello ha traído consigo algunos inconvenientes para sus propietarios.

Vivo en comunidad. ¿Dónde lo enchufo?

El inconveniente más obvio es la recarga. Los puntos de recarga no son suficientes en las ciudades y, aunque algunas promociones de obra nueva ya los contemplan en sus garajes, ¿qué ocurre en el resto de comunidades, o con los aparcamientos particulares?, ¿es posible instalar puntos de recarga?

Hemos de decir que si, aunque con particularidades. La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) regula su instalación en su artículo 17.5. “La instalación de un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado en el aparcamiento del edificio, siempre que éste se ubique en una plaza individual de garaje, solo requerirá la comunicación previa a la comunidad. El coste de dicha instalación y el consumo de electricidad correspondiente serán asumidos íntegramente por los interesados directos en la misma.»

Esto significa que no es necesario el visto bueno del resto de los vecinos, ni son necesarias mayoría cualificadas. Basta con que un propietario desee instalar el punto de recarga, lo comunique y asuma su coste.

No obstante, sí será necesaria autorización si la conexión de la derivación se realiza a un contador de propiedad comunitaria, en tanto en cuanto se estará afectando a un elemento común.

Una alternativa a medio plazo supone realizar una reforma de la instalación eléctrica común para habilitar varios puntos de recarga, con los costes que acarrea para todos los vecinos y no sólo para los interesados, algo que no siempre es bien entendido por los vecinos que carecen de esos vehículos.

Garajes asociados a viviendas

En estos casos, además de las formas de instalación que se enumeran para los garajes independientes, también es
viable realizar derivaciones individuales desde los propios contadores de las viviendas hasta las plazas de aparcamiento.

Garajes independientes, suministros instalados por la comunidad

En estos casos, existen dos posibles formas de realizar la instalación:

1.- La primera es realizar una preinstalación desde el cuadro eléctrico del garaje que discurra por todo el garaje con sección suficiente para que posteriormente todo el que quiera pueda engancharse a esa línea y colocar en su plaza el punto de recarga junto a un contador que deberá ser periódicamente leído para generar los recibos y pasarlos al cobro.

Al aumentar la demanda por parte de los usuarios, puede darse el caso de que la acometida existente sea insuficiente y salten los fusibles

2.- La segunda es realizar, por parte de cada propietario interesado, una instalación individual desde el cuadro eléctrico del garaje hasta su plaza con un cableado de sección apropiada para un solo punto de recarga y la instalación de contador, y así sucesivamente para el resto de interesados.

Ni que decir tiene que cada una de las intervenciones anteriores que impliquen una nueva instalación debe ser realizada por electricista autorizado y solicitando su correspondiente boletín de instalación para dar de alta el contador.

En cualquier caso, cualquier instalación tiene que cumplir con las instrucciones técnicas contenidas en el Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre.

Problemas cuando aumente la demanda

Por otro lado, otro de los problemas con los que pueden enfrentarse en el futuro los propietarios de un coche eléctrico, es un aumento de la demanda de los puntos de carga. Al aumentar la demanda por parte de los usuarios, con los primeros puntos de recarga no debería haber problema de suministro, pero al sobrepasar un número determinado se dará el caso de que la acometida existente sea de sección insuficiente, así que por seguridad esta situación provocará que salten los automáticos correspondientes dejando sin energía parte o la totalidad del garaje» en resumen, que la potencia contratada sea insuficiente.

Según se vayan aumentando los puntos de recarga, va a ser necesario un aumento de sección de la acometida del garaje con las consiguientes obras o incluso un aumento de la potencia.

Las ayudas públicas

La administración está interesada en promover la compra de vehículos eléctricos, y para ello viene estableciendo programas de ayudas y subvenciones, a nivel estatal y autonómico (Plan MOVEA, Plan PIVE 8, Plan MOVALT. Plan MOVES). Para el año 2020, el plan MOVES está dotado con 65 millones de euros, destinados a la compra de vehículos y a la instalación de infraestructuras de recarga. Los costes de instalación de un punto de recarga pueden verse considerablemente reducidos. Por ello es importante informarse bien, a través del concesionario y de las administraciones, como el Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía (IDEA).

 

 

Adiós al fax

Los considerandos (exposición de motivos) de la Directiva 2019/2161 del Parlamento Europeo y del Consejo dicen en su párrafo 46: Teniendo en cuenta los avances tecnológicos, es necesario eliminar la referencia al número de fax de la lista de medios de comunicación en el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2011/83/UE, ya que el fax rara vez se utiliza en la actualidad y en gran medida se encuentra obsoleto.

La comunicación con el cliente

Se refiere a los medios de comunicación entre comerciante y cliente. La desaparición del fax de esta lista resulta curiosa, pero es uno más de los mecanismos de protección de los consumidores europeos. La Directiva refuerza el régimen de infracciones y sanciones que deben desplegar los países miembros para hacer efectiva esta protección.

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) han avanzado mucho. Pero también el riesgo de ser engañados. Por eso el Parlamento Europeo considera que el fax ya no ofrece ninguna protección a los datos sensibles de los clientes. Esta referencia al fax puede considerarse anecdótica. El grueso de esta norma habla de motores de búsqueda, anuncios, publicidad, comercio electrónico, etc. Internet es una “selva” para el consumidor, que no sabe si el producto que ha buscado y encontrado es realmente el mejor, o simplemente el mejor posicionado, porque alguien ha pagado por ello.

Resultados engañosos

Así, el párrafo 20 de los considerandos de la Directiva recoge: deben prohibirse las prácticas por las cuales un comerciante facilita información a un consumidor en forma de resultados de búsqueda en respuesta a las consultas en línea efectuadas por el consumidor sin revelar con claridad la publicidad retribuida o el pago específico para que ciertos productos obtengan una clasificación superior en los resultados de las búsquedas.

Y en el párrafo 47 se afirma: … debe considerarse que es una práctica comercial desleal inducir a error a los consumidores afirmando que las reseñas de un producto han sido añadidas por consumidores que han utilizado o adquirido realmente ese producto si no se tomaron medidas razonables y proporcionadas para garantizar que dichas reseñas pertenezcan a dichos consumidores.

Multas más duras

La norma establece multas “efectivas, proporcionadas y disuasorias” de hasta un 4% de la facturación anual de la sociedad, que viene a poner límites a prácticas como las siguientes:

– Ofrecer gratuitamente productos a cambio de datos personales. Esta práctica no se prohíbe, pero se equipara a la venta.

– El cliente tendrá derecho a conocer si su vendedor es o no comerciante. En el caso de que sea un particular y no tenga consideración de comerciante, el cliente tendrá derecho a desistir de lo adquirido en los siguientes 14 días siguientes a la compra.

Estas y muchas más prescripciones de la Directiva pretenden poner coto a los abusos que las nuevas tecnologías están propiciando, reforzando la defensa de los consumidores y ampliando la potestad de sanción de los Estados Miembros.

 

Lotisse. Departamento de Derecho Civil.

El correo electrónico en la Comunidad de Propietarios. Lo que hay que saber.

A estas alturas del siglo XXI, muchas son las personas que utilizan habitualmente el correo electrónico como medio para comunicarse en el trabajo, con amigos, proveedores, clientes, comercios, colegios, clubes y asociaciones, redes sociales, aplicaciones…… y con su comunidad de vecinos.

Nadie duda hoy en día de las ventajas de la comunicación electrónica: es instantánea, gratuita y ecológica. Incluso es obligatoria en muchas actividades. Es difícil encontrarle algún inconveniente, en comparación con el correo postal, pero hay uno muy importante: es electrónico, y por tanto intangible, virtual y vulnerable a la manipulación. Por este motivo, la seguridad jurídica sigue imponiendo en determinados documentos la constancia escrita y en papel. Citaciones oficiales, resoluciones judiciales, actos notariales, etc., precisan que su comunicación sea fehaciente y por escrito.

 

¿Qué ocurre en las comunidades de propietarios? ¿Pueden enviarse las convocatorias y actas de juntas de vecinos por correo electrónico? ¿Tiene validez legal este medio de comunicación? La respuesta no es claramente un “sí” o un “no”, sino un “depende”.

 

¿Qué dice la Ley?

 

La Ley de Propiedad Horizontal, en su art. 9.1.h) dispone que es obligación de todo comunero Comunicar a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, el domicilio en España a efectos de citaciones y notificaciones de toda índole relacionadas con la comunidad. En defecto de esta comunicación se tendrá por domicilio para citaciones y notificaciones el piso o local perteneciente a la comunidad, surtiendo plenos efectos jurídicos las entregadas al ocupante del mismo.

 

La jurisprudencia y la doctrina vienen admitiendo sin problema que el domicilio en España pueda ser un buzón de correo electrónico.

 

Por su parte, el Código Civil catalán determina en su art. 553.27 que El acta debe enviarse a todos los propietarios en el plazo de diez días a contar desde el día después de la reunión de la junta de propietarios a la dirección comunicada por cada propietario a la secretaría o, en su defecto, al elemento privativo. El envío puede realizarse por correo postal o electrónico o por otros medios de comunicación, con las mismas garantías requeridas para la convocatoria.

 

Sí, se puede, pero… ¡cuidado!

 

Podemos decir por tanto que legalmente se admite el correo electrónico para enviar convocatorias y actas, pero esta afirmación tiene dos matices importantes:

 

– El uso del correo electrónico ha de ser en todo caso voluntario por parte del comunero; la comunidad no puede imponer con carácter general esta forma de comunicación.

 

– Si el comunero niega haber recibido una convocatoria o un acta, es muy difícil para la comunidad probar lo contrario, salvo que el envío se haya realizado por “correo electrónico certificado”, y aún así, salvo acuse de recibo por el mismo medio, puede alegar que el envío fue tratado como correo basura y no lo leyó.

 

¿Qué dicen los jueces?

 

Las sentencias que hasta el momento han tratado esta cuestión, en su gran mayoría han negado valor probatorio al correo electrónico, fallando en contra de la comunidad (SAP Las Palmas de 28 junio de 2010, SAP Baleares de 4 mayo de 2018, SAP Álava de 20 diciembre de 2018, entre otras).

 

Contrariamente, cuando las convocatorias y actas se han enviado por correo postal ordinario, ello junto con el testimonio del secretario de la comunidad es considerado prueba suficiente ante los tribunales, en la mayoría de los casos (SAP Madrid de 8 febrero de 2012, SAP Pontevedra de 11 abril de 2013, SAP Málaga de 15 septiembre de 2016, entre otras).

 

Las anteriores resoluciones se basan en la doctrina del Tribunal Supremo, que en su sentencia de 22 de marzo de 2006 señala que “la Ley no exige ninguna fórmula especial para la remisión de las citaciones escritas relativas a una Junta General, y si se cuestiona la recepción por cualquier propietario, cabe demostrar la entrega mediante cualquier medio admitido en derecho, ya sea, entre otros, por el acuse de recibo de la carta, la utilización de correo certificado, la aportación por mensajería, el testimonio del Secretario de la Junta de su expedición por correo ordinario o la colocación de la convocatoria en un lugar visible de la propia finca…”

Conclusión

Las comunidades de propietarios evolucionan con la sociedad, y no sería razonable rechazar el correo electrónico como cauce de comunicación entre la comunidad y los vecinos. Bien al contrario, se debe estimular por sus múltiples ventajas. No obstante, mientras llega el próximo salto tecnológico, hay que observar ciertas cautelas y se debe diferenciar entre:

 

  • Las comunicaciones ordinarias (circulares, avisos, etc). Éstas se pueden enviar sin problema alguno por correo electrónico, y

 

  • las convocatorias y actas, especialmente aquellas que contengan asuntos importantes (modificaciones de cuotas, aprobación de normas, limitaciones o prohibiciones, etc). Éstas se deben enviar por correo postal, ordinario o certificado, según la trascendencia de los temas tratados, especialmente de aquellos que requieran unanimidad o mayorías cualificadas.

 

LOTISSE

Área de Propiedad Horizontal

 

 

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