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Comunidad de propietarios y video vigilancia

¿Puede una comunidad de propietarios instalar cámaras?

La respuesta es sí. Para ello se requiere que haya una aprobación por parte de los propietarios que conlleve que 3/5 partes de las cuotas voten a favor (artículo 17.3 Ley Propiedad Horizontal). Desde la entrada en vigor de la Ley Ómnibus (Ley 25/2009), ya no hay obligación de que la empresa que lleve a cabo la instalación del sistema de videovigilancia esté registrada en el Ministerio del Interior como empresa autorizada, aunque la contratación de un servicio de videovigilancia externo o la instalación de las cámaras por un tercero no exime a la comunidad del cumplimiento de la legislación de protección de datos. Siendo calificadas las multas o infracciones por no cumplir con la LOPD en función de la infracción de que se trate en: leve, grave o muy grave.

¿Qué imágenes puede captar? ¿Visionado directo o grabación?

Vamos a diferenciar sí nos encontramos ante equipos de visionado en directo o equipos de grabación, destacando en ambos casos que las cámaras solo podrán captar imágenes de las zonas comunes de la comunidad. No podrán captarse imágenes de la vía pública a excepción de una franja mínima de los accesos al inmueble. Tampoco podrán captarse imágenes de terrenos y viviendas colindantes o de cualquier otro espacio ajeno. Si se utilizan cámaras orientables y/o con zoom, será necesaria la instalación de máscaras de privacidad para evitar captar imágenes de la vía pública, terrenos y viviendas de terceros.

  • Imágenes en directo: Para el caso de equipos de visionado en directo las personas autorizadas deben ser los designados por una empresa de seguridad privada, Ley de seguridad privada que establece en su art. 42.1: “Cuando la finalidad de estos servicios sea prevenir infracciones y evitar daños a las personas o bienes objeto de protección o impedir accesos no autorizados, serán prestados necesariamente por vigilantes de seguridad o, en su caso, por guardas rurales.” Por tanto, aquellas que sean tomadas en directo, pueden ser vistas por un vigilante de seguridad, pero según la determinación, otro personal profesional como es el caso de los/las conserjes, podrían acceder a las imágenes siempre que la finalidad no sea la de vigilancia, como es el caso de la finalidad de la utilización de cámaras o videocámaras para la comprobación del estado de instalaciones o bienes, el control de accesos a aparcamientos y garajes, o las actividades que se desarrollan desde los centros de control y otros puntos, zonas o áreas de las autopistas de peaje. Estas funciones podrán realizarse por personal distinto del de seguridad privada.
  • Imágenes grabadas: El acceso a las imágenes estará restringido a las personas designadas por la comunidad de propietarios. En cualquier caso, para poder solicitar la grabación captada por una cámara de seguridad en una comunidad, es necesario que exista previa denuncia. Las imágenes serán conservadas durante un plazo máximo de un mes desde su captación y se utilizarán para denunciar delitos o infracciones que se acompañarán a la denuncia y será posible su conservación para ser entregadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o a los Juzgados y Tribunales que las requieran. No podrán utilizarse para otro fin.

Legislación aplicada: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal y Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Francisco de Asís Sillero

Abogado

 

¿Puedo colocar una bandera en mi balcón?

Durante los últimos años y por diversos motivos, es cada vez mas frecuente que se vean colocadas banderas en la parte exterior de las viviendas de nuestras ciudades. En este artículo analizaremos la legalidad de este comportamiento.

¿Dentro o fuera de la fachada?

 

En primer lugar, hay que determinar si la bandera se ha colocado en el balcón sobre la fachada o bien si está colocada por dentro de la vivienda, aunque sea visible desde el exterior por una ventana. En este último caso, al estar dentro de la propiedad privada y siendo un espacio privativo, la comunidad no puede obligar a su retirada.

 

Ahora bien, en caso de estar ubicada sobre la fachada, la cuestión es mas compleja, ya que desde el punto de vista legal, la colocación de banderas en la parte exterior de los balcones se entiende como alteración de un elemento común, por lo que la comunidad debe autorizar cualquier modificación que se produzca en el mismo.

 

-Al respecto y con el fin de clarificar si los mencionados elementos (fachada y balcones) tienen la consideración de elementos comunes, debemos mencionar la STS de 10-10-2007 «el concepto de fachada, que el art. 395 CC incluye entre los elementos comunes, con los revestimientos exteriores de terrazas, balcones y ventanas, incluyendo su imagen o configuración los elementos de cierre que las conforman y sus revestimientos exteriores no puede aplicarse con un criterio puramente arquitectónico, sino que la determinación de cuáles son los elementos de la fachada que tienen este carácter común debe hacerse ponderando si son necesarios para el adecuado uso y disfrute del edificio (STS de 18 de enero de 2007), examinando si forman parte de la estructura del edificio o valorando si afectan a su configuración externa determinante de su apariencia, tomando en consideración el uso a que están destinados cada uno de estos elementos y los locales a que afectan».

Los balcones son elemento común

También es significativa la STS 18-01-2007 que establece que «los balcones, así como las galerías y miradores, además de formar parte inseparable de su fachada hacen la función de muro delimitador de los pisos al exterior, y son, obviamente, elementos necesarios para el uso y disfrute del edificio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 396 del Código Civil».

 

Por todo lo expuesto, habiendo aclarado que la fachada y balcones son un elemento común, puede surgir la duda de qué trámites son necesarios para colocar una bandera de manera legal en la fachada o balcón del edificio.

 

En este punto, debemos aclarar que es necesario contar con un acuerdo de junta, previa convocatoria en la que se incluya la colocación de las banderas en la fachada exterior como un punto mas del orden del día, de manera que todos los vecinos conozcan previamente el contenido de la reunión y puedan realizar las alegaciones u objeciones que estimen pertinentes.

Acuerdo de junta

 

Con respecto a la mayoría necesaria para aprobar el acuerdo, hemos de mencionar que hasta la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal operada en virtud de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, la jurisprudencia exigía el requisito del acuerdo unánime de la Junta de Propietarios, por afectar la modificación de un elemento común a las reglas contenidas en el título constitutivo o en los estatutos. Sin embargo, tras la entrada en vigor de la citada reforma, se suavizó el requisito de la unanimidad, por lo que conforme a lo establecido en la nueva redacción del artículo 17.3 de la Ley de Propiedad Horizontal, únicamente es necesario que voten a favor del acuerdo la mayoría de tres quintos de propietarios que a su vez representen las tres quintas partes de las cuotas de participación.

Por último, pese a que se cuente con el acuerdo favorable en junta según las mayorías necesarias, también hay que examinar la normativa urbanística y municipal al lugar donde esté situado la finca, pues si se da el caso de que el inmueble esté clasificado como histórico o artístico, es muy probable que existan restricciones para realizar alteraciones estéticas en la fachada.

Antonio Ramírez Anaya

Abogado

 

¿Qué ocurre con las juntas de propietarios durante la pandemia?

Como consecuencia del actual Estado de Alarma, se han visto afectadas las juntas de propietarios. Primero, por la imposibilidad de reunirse y, posteriormente, por las limitaciones establecidas por las administraciones competentes en cada territorio, en cuanto al numero máximo de personas.

Lagunas legales

La actual normativa que regula las CCPP es la Ley de Propiedad Horizontal de 1.960 y, pese a las reformas, ésta resulta simplemente parcheada y no adaptada a las especiales circunstancias.
Salvo en Cataluña, cuya ley especial (desde 2015) permite la celebración de juntas telemáticas, en el resto de comunidades rige la obligatoriedad de juntas presenciales. Sin embargo, dada la prolongación de las restricciones sanitarias para reunirse más de 10, 6 o 4 personas en los distintos períodos de vigencia del estado de Alarma, en determinadas situaciones, especialmente urgentes, se está utilizando este recurso en todo el territorio del Estado. La voluntad no es la de prohibir este tipo de juntas, pero por el momento no están contempladas.

El concepto de «presencialidad» y los medios telemáticos

Más allá de que pueda usarse como instrumento o herramienta para poder gestionar necesidades de la comunidad con los representantes de esta, al realizar una junta ordinaria o extraordinaria en la comunidad nos encontraríamos con el problema de la presencialidad; la Ley establece que se concurre de manera personal, ¿es eso presencial? ¿Y que ocurriría a su vez con las representaciones otorgadas?
La Ley garantiza el derecho de asistencia, voz y voto a los propietarios, luego, ¿qué ocurriría con quien no disponga de medios telemáticos de acceso? Claramente se le estaría limitando su capacidad de participar, cuestión esta que podría ser impugnable ante un tribunal, mas aún si se trata de un acuerdo lesivo para la persona que no comparece en la junta.

Las sociedades de capital pueden realizar este tipo de celebraciones de juntas, pero esto no es aplicable por analogía a las CCPP, al ser éstas entes sin personalidad jurídica.

Además, si no tengo medios telemáticos, o en caso de existir limitación de reunión ¿podría acudir a la junta mediante representación? La respuesta es: solo si voluntariamente lo decido, pero no puedo ser obligado, ya que, de ser así, se me estaría privando de derecho de voz y esto no puede hacerse si existe un interés legitimo por parte del propietario en acudir a la junta.
La delegación de voto por tanto solo puede ser voluntaria y en ningún caso exigirse o coaccionarse.

¿Celebrar o no celebrar?, he aquí el dilema

El hecho de convocar y celebrar una junta superando las restricciones puede dar lugar a infracciones de tipo legal, pues se estaría incurriendo en contravención de las normas que regulan la situación sanitaria, se podría incurrir en responsabilidad civil e incluso penal por desobediencia. Si se supera el aforo, procede desconvocar la junta, y no limitar el acceso y permitir celebrarse solo con “los primeros que lleguen”.

Pero la comunidad no se puede parar. Pese a la situación sanitaria y las dificultades de celebrar juntas, tiene que seguir funcionando. Es un ente vivo y tiene constantes necesidades. Por ello recomendamos adaptarse a las necesidades de cada comunidad, aplicando la mejor “ lex artis” por parte del administrador. Y en cuanto a la gestión de las incidencias, ajustarse a cada momento y aprovecharse de las posibilidades de actuación que la LPH concede al presidente para velar por el buen fin y estado de la comunidad.

En las comunidades en las que exista junta directiva o vocales, con su capacidad de decisión delegada, cabe que este órgano pueda reunirse válidamente y adoptar decisiones de gestión. No existe en el espíritu de la Ley un veto a las reuniones telemáticas, pero la celebración de estas debe de estar justificado o existir un interés legítimo y cabe siempre que el vecino que no pueda acudir pueda impugnar la celebración de la misma.

¿Hay otras alternativas?

Una alternativa a la celebración de una junta presencial es una suerte de convocatoria donde se incluye el orden del día y en el que se facilita un plazo en el que los propietarios mediante una consulta vinculante se manifiestan sobre los distintos puntos. Nos encontraríamos con una falta de deliberación, si bien se permitiría un funcionamiento excepcional en caso de necesidad.
Hay que recordar que el administrador carece de la capacidad para tomar acuerdos, y solo la junta tiene esta atribución, puntual y temporalmente el presidente puede tomar decisiones si bien no debe esta situación demorarse indefinidamente en el tiempo.

Si no hay junta, ¿cómo se renuevan los cargos?

Por lo que respecta a la renovación de los cargos y que en la Ley se fija en un año, esta no soluciona su posible caducidad. En Cataluña se entienden automáticamente prorrogados.
Es prudente una renovación tácita de los cargos si las circunstancias lo exigen con el fin de evitar una posible indefensión de la CCPP, existe ya jurisprudencia en este sentido. El fin de esta situación es en todo caso actuar en beneficio de la comunidad.
El cargo de presidente conlleva igualmente obligaciones; si la no celebración de juntas implica la imposibilidad de presentar cuentas es conveniente que estas sean informadas, no incurriendo igualmente en este sentido en posibles responsabilidades por falta de información.

Respecto de velar por la tesorería y las obras necesarias de reparaciones urgentes, si estas no pueden ser tratadas en junta, el presidente está autorizado para actuar en todo caso en beneficio de la comunidad, tomando las decisiones que impliquen reparación, aún cuando ello implique la necesidad de emitir derrama, dejando para un momento posterior la ratificación de dicho acuerdo ( ojo, no hablamos ya del debate y aprobación en este momento, solo de su ratificación). Lógicamente consideramos necesario el envío a los comuneros de la correspondiente circular informativa.

¿Y el resto de gestiones?

Para el caso de actuaciones judiciales o ante administraciones que impliquen la adopción de previo acuerdo en junta, esta situación solo podrá solucionarse:

  • En el caso de reclamaciones por falta de pago, retrotrayéndose a acuerdos anteriores de aprobación de saldos o mediante la interposición de juicios declarativo.
  • Con respecto a las administraciones, si estas exigen un acuerdo tácito, como puede ser en la solicitud de subvenciones, y una mayoría cualificada ( p.e. instalación de ascensor y su tramitación de subvención), este acuerdo solo podrá adoptarse actualmente mediante la presencia por representación, con la problemática que ya hemos expuesto.
  • Para cuestiones relativas a contrataciones o ceses en la comunidad, (mantenimientos de todo tipo, seguros, administrador etc), si no se ha facultado expresamente al presidente, la legitimación le corresponde a la propia Junta, por lo que habría que esperar a poder celebrarse.

A modo de resumen, las juntas presenciales pueden celebrarse si la ocasión lo requiere, pero siempre bajo las normas administrativas vigentes; las juntas de carácter telemático no están contempladas, son fácilmente impugnables y carecen de rigor jurídico, aunque pueden ser un buen instrumento de ayuda y control de la gestión. En uno y otro caso, acudir a la junta mediante representación no puede ser nunca una obligación, si no una mera recomendación.
Igualmente, el presidente tiene un margen de actuación en representación de la junta que le permite poder realizar cuantas gestiones de carácter ordinario sean necesarias para el normal desarrollo de la vida de la comunidad.

Oscar Artero

Abogado

LA REPRESENTACIÓN EN JUNTAS DE PROPIETARIOS

En derecho, podemos definir la representación  como aquella relación jurídica que se produce cuando se confía a una determinada persona, a la que se denomina representante, la facultad de actuar y de decidir, dentro de unos límites determinados, en interés y por cuenta de otra persona, a la que se le denominará representado.

En el caso concreto de las juntas de Propietarios, la representación se produce cuando un propietario no puede asistir a la junta y delega su voto en otra persona, sea ésta o no propietaria de alguna finca en el edificio. Con las limitaciones de aforo y otras medidas sanitarias contra la propagación del COVID-19, la representación es actualmente una fórmula eficaz para participar en una junta de forma no presencial.

La representación, está regulada en el art 15.1  de la l.p.h  que establece : “La asistencia a la junta de propietarios será personal o por presentación legal o voluntaria, bastando para acreditar ésta un escrito firmado por el propietario “.

Será necesario hacer una primera distinción:

Representación Legal: Para aquellos casos en que una persona ejerza la representación legal de otra, casos de personas incapaces, tutores legales, menores sujetos a patria potestad, etc., pero también los representantes legales de sociedades, asociaciones y otras entidades públicas ó privadas. En este caso la Comunidad podrá exigir que el representante aporte la oportuna documentación que  justifique esta representación.

Representación Voluntaria. Es aquella por la cual una persona representa a otra, ante la Junta de Propietarios. El propietario otorgará   escrito  a un tercero para que acuda en su nombre a la reunión.

 

Haremos a continuación algunas consideraciones de interés de la representación en el ámbito de la Ley de Propiedad Horizontal.

En principio es necesario que la representación sea por escrito. Incluso se admite la otorgada por medio de correo electrónico. No obstante, si se produce de forma verbal y los asistentes a la Junta admiten tal hecho, también tendría validez.

Para formalizar la representación, el propietario, identificándose correctamente, deberá firmar un documento en el que se incluya el nombre y el DNI de la persona que lo va a representar, así como la reunión para la que tiene validez esa representación.

Puede la representación estar limitada a una junta en concreto pero cabe también representación más amplia para amplios periodos o hasta que esta representación sea revocada.

No es necesario que la representación sea con poder Notarial, ni adjuntando copia del DNI del representado; la LPH no lo contempla.

Cuando una determinado inmueble pertenece a varios propietarios, se computa un solo voto, debiendo nombrar un representante para asistir a las Juntas.

Art 15.1 l.p.h ; Si algún piso o local perteneciese “pro indiviso” a  diferentes propietarios estos nombrarán un representante para asistir y votar en las juntas.

En el caso de cónyuges o ex-cónyuges que tengan la finca en gananciales o proindiviso, podrían hacerlo los dos, aunque con un solo voto. Si no existe acuerdo y ambos quieren votar y lo hacen en diferente sentido, el voto quedará anulado.

También pueden ejercer la representación el Secretario y el Presidente de la Comunidad, no existe límite legal.

La ley de Propiedad Horizontal no establece ningún límite respecto al número de representaciones. Por tanto, un propietario o un tercero puede asistir a la junta con tantas como propietarios le hayan conferido dichas facultades.

Un propietario moroso no puede votar pero si puede representar a otro. El moroso está privado de voto por su propiedad, pero ello no impide que pueda acudir a la Junta y votar en nombre de otro propietario que le haya dado la oportuna representación, pues el art. 15.1 de la Ley de Propiedad Horizontal no pone condiciones al respecto.

Pablo Hinojosa

Abogado

 

EL CERTIFICADO DE DEUDA EN LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS. ¿PARA QUÉ SIRVE?

En no pocas ocasiones, el comprador de una vivienda, local, plaza de garaje o trastero, se encuentra con la desagradable sorpresa de que la comunidad de propietarios le reclama cuotas de comunidad que tendría que haber pagado el vendedor.

 

¿Por qué no se las reclaman al vendedor, que tenía que haberlas pagado?

 

La morosidad en algunas comunidades es un problema importante. Por eso el legislador introdujo en la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) algunas salvaguardas para garantizar, con el propio inmueble adquirido, el cobro de una parte importante de la deuda.

 

La comunidad podría reclamar directamente al vendedor, pero siempre preferirá demandar al nuevo titular, hasta el límite permitido por la LPH, pues la dificultad de las reclamaciones de cantidad civiles no estriba en obtener una sentencia condenatoria al pago, que está prácticamente garantizada, sino en su ejecución.

 

La comunidad desconoce si el vendedor tiene propiedades a su nombre, que puedan embargarse si no cumple voluntariamente la sentencia; esto tendrá que averiguarlo en ejecución de la sentencia, y en muchas ocasiones los vendedores son insolventes, no tienen nada a su nombre (morosos profesionales, sociedades en concurso o liquidación, etc.) En cambio, la comunidad tiene la certeza de que el comprador es propietario del inmueble, y sabe que, en ejecución, puede solicitar su embargo.

 

 

 

¿Tiene que pagar toda la deuda?

 

No. La responsabilidad del comprador alcanza la parte vencida de la anualidad corriente y las tres anualidades anteriores. Es decir, si ha comprado por ejemplo en mayo de 2020, se le podrá reclamar desde 1 de enero de 2017.

 

¿Puede reclamar contra el vendedor?

 

Sí. Una vez haya hecho frente a las cuotas atrasadas, puede reclamarle al vendedor, que es el auténtico deudor. Pero podrá verse en las mismas dificultades que ha querido evitar la comunidad, es decir, su insolvencia.

 

¿Cómo puede evitarse todo esto?

 

Muy fácil. Exigiendo siempre que el vendedor aporte ante el notario el certificado de deuda. Esto servirá, bien para que conozca si hay recibos pendientes, y pueda asumir conscientemente esa deuda, descontándola del precio de compra, o bien para quedarse tranquilo de que no se debe nada y por tanto nada se le va a reclamar.

 

¿Qué dice exactamente la Ley?

 

Todo lo anterior se recoge en el artículo 9.1.e) de la Ley de Propiedad Horizontal:

 

El adquirente de una vivienda o local en régimen de propiedad horizontal, incluso con título inscrito en el Registro de la Propiedad, responde con el propio inmueble adquirido de las cantidades adeudadas a la comunidad de propietarios para el sostenimiento de los gastos generales por los anteriores titulares hasta el límite de los que resulten imputables a la parte vencida de la anualidad en la cual tenga lugar la adquisición y a los tres años naturales anteriores. El piso o local estará legalmente afecto al cumplimiento de esta obligación.

 

En el instrumento público mediante el que se transmita, por cualquier título, la vivienda o local el transmitente, deberá declarar hallarse al corriente en el pago de los gastos generales de la comunidad de propietarios o expresar los que adeude. El transmitente deberá aportar en este momento certificación sobre el estado de deudas con la comunidad coincidente con su declaración, sin la cual no podrá autorizarse el otorgamiento del documento público, salvo que fuese expresamente exonerado de esta obligación por el adquirente. La certificación será emitida en el plazo máximo de siete días naturales desde su solicitud por quien ejerza las funciones de secretario, con el visto bueno del presidente, quienes responderán, en caso de culpa o negligencia, de la exactitud de los datos consignados en la misma y de los perjuicios causados por el retraso en su emisión.

 


Las prisas son malas consejeras. Antes de firmar la compra de cualquier inmueble, es muy importante exigir el certificado de deudas. Nos evitará muchos problemas. Consulte la LPH y otras normas esenciales en nuestra sección de legislación

La escritura de Obra Nueva y los Estatutos: mejor juntos que separados

El diseño, ejecución y venta de una promoción inmobiliaria es un proceso muy complejo, que implica numerosas gestiones, trámites y autorizaciones. El empresario promotor descansa cuando todo está en marcha, pero hay un elemento del proceso al que habitualmente no se presta la atención debida: la escritura de Obra Nueva y División HorizontalOtorgamiento de Escritura (ONDH). Este documento, junto con las normas o estatutos, o el proyecto de edificación, constituyen el denominado Título Constitutivo (artículo 5 de la Ley de Propiedad Horizontal).

La Escritura…

Cuando la construcción está solo en proyecto, o solo en ejecución, el promotor otorga este documento esencial, que describe la edificación, su configuración, zonas y servicios comunes. A continuación relaciona cada una de las fincas en que se dividirá (vivienda, piso, plaza, local, trastero, etc.). Indica superficies, linderos y cuotas de participación. Esta descripción determinará por una parte los valores de cada finca a efectos de venta, catastrales o tributarios. Por otra parte, fijará los porcentajes Edificio terminadode contribución a los gastos de mantenimiento y conservación del conjunto de edificación (coeficientes o cuotas de participación).

 

Habitualmente, la escritura de ONDH se despacha con unas sencillas normas de comunidad. Estas disposiciones, con frecuencia, se limitan a exonerar de determinados gastos a los locales comerciales, y autorizar que éstos puedan ser segregados o agrupados sin necesidad de consentimiento de la futura junta de propietarios. Todo lo demás, en cuanto al régimen de la futura comunidad, se suele dejar a lo que la junta de propietarios apruebe en el futuro.Obra en ejecución

…puede mejorarse…

Esta forma de proceder es, digamos, suficiente, pero se puede hacer mejor. En el momento de otorgarse la escritura de ONDH pueden regularse todos los aspectos importantes del funcionamiento de la comunidad en el futuro. De esta forma se asegura el carácter y categoría que el promotor ha querido imprimir a la edificación. Así se evitan a los Partiturafuturos compradores muchos quebraderos de cabeza y debates interminables, por falta de regulación. Una buena escritura de Obra Nueva es como una buena partitura de música.

 

Por ello, cuando se otorga la escritura de ONDH es conveniente no limitarse a insertar unas cuantas normas, sino añadir un texto completo de Estatutos. Se evitarán todas las situaciones que en el futuro pueden ser objeto de controversias importantes en las juntas de propietarios.

… con unos buenos Estatutos.

Por ejemplo, puede determinarse que la duración de los cargos sea de dos años, en lugar de uno; puede establecerse Notaría modernaque ciertos gastos se repartan de forma lineal, en lugar de proporcional (por ejemplo el mantenimiento de la piscina, o la vigilancia); puede regularse el modelo y color de rejas o toldos, el uso de las terrazas, patios, jardines o zonas deportivas, y un largo etcétera de situaciones que, a buen seguro, surgirán en el futuro.

 

Si se propone iniciar una promoción residencial o comercial, no Zona ajardinadadude en consultar con nuestros especialistas para todo lo referente a la Obra Nueva, Estatutos y Comunidad.

 

Antonio Ramírez Anaya

Abogado

El Segundo Dividendo Digital

El Segundo Dividendo Digital es el proceso a través del cuál se libera la banda de 700 megahercios del espectro radioeléctrico para desplegar en ella las redes de telecomunicaciones 5G. Esto no implica una pérdida de canales, simplemente un desplazamiento en la frecuencia. Este proceso es obligatorio para toda la Unión europea y debe estar disponible antes del 30 de junio de 2.020.

Dicha transformación se realizará de forma escalonada en todo el territorio nacional, es decir, se hará poco a poco en las diferentes regiones de España. En 19 municipios de Sevilla ya comenzó en septiembre de 2.019 el cambio de frecuencias, quedando el resto de los municipios (unos 85) pendientes para hacerlo en el primer trimestre del 2.020.

Cómo ocurrió con el Primer Dividendo Digital, el Gobierno ofrece ayudas económicas para los edificios que deban acogerse a esta medida. Estas subvenciones oscilarán entre 104,30€ y 677,95€ dependiendo de la infraestructura de recepción de televisión afectada por este proceso y se podrán solicitar hasta el 30 de septiembre de 2.020. Únicamente podrán beneficiarse de estas ayudas las comunidades de vecinos (o intercomunidades), ya que las viviendas individuales no se verán afectadas (sólo deberán resintonizar sus televisores), y se hace a través de la página web del Ministerio de Economía y Empresa (únicamente se puede tramitar de forma telemática), cumplimentando el formulario y aportando la documentación que en cada caso sea exigible. Dicha documentación debe ser gestionada por un representante, pudiendo actuar como tal el presidente, el administrador o incluso el instalador de telecomunicaciones.

El correo electrónico en la Comunidad de Propietarios. Lo que hay que saber.

A estas alturas del siglo XXI, muchas son las personas que utilizan habitualmente el correo electrónico como medio para comunicarse en el trabajo, con amigos, proveedores, clientes, comercios, colegios, clubes y asociaciones, redes sociales, aplicaciones…… y con su comunidad de vecinos.

Nadie duda hoy en día de las ventajas de la comunicación electrónica: es instantánea, gratuita y ecológica. Incluso es obligatoria en muchas actividades. Es difícil encontrarle algún inconveniente, en comparación con el correo postal, pero hay uno muy importante: es electrónico, y por tanto intangible, virtual y vulnerable a la manipulación. Por este motivo, la seguridad jurídica sigue imponiendo en determinados documentos la constancia escrita y en papel. Citaciones oficiales, resoluciones judiciales, actos notariales, etc., precisan que su comunicación sea fehaciente y por escrito.

 

¿Qué ocurre en las comunidades de propietarios? ¿Pueden enviarse las convocatorias y actas de juntas de vecinos por correo electrónico? ¿Tiene validez legal este medio de comunicación? La respuesta no es claramente un “sí” o un “no”, sino un “depende”.

 

¿Qué dice la Ley?

 

La Ley de Propiedad Horizontal, en su art. 9.1.h) dispone que es obligación de todo comunero Comunicar a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, el domicilio en España a efectos de citaciones y notificaciones de toda índole relacionadas con la comunidad. En defecto de esta comunicación se tendrá por domicilio para citaciones y notificaciones el piso o local perteneciente a la comunidad, surtiendo plenos efectos jurídicos las entregadas al ocupante del mismo.

 

La jurisprudencia y la doctrina vienen admitiendo sin problema que el domicilio en España pueda ser un buzón de correo electrónico.

 

Por su parte, el Código Civil catalán determina en su art. 553.27 que El acta debe enviarse a todos los propietarios en el plazo de diez días a contar desde el día después de la reunión de la junta de propietarios a la dirección comunicada por cada propietario a la secretaría o, en su defecto, al elemento privativo. El envío puede realizarse por correo postal o electrónico o por otros medios de comunicación, con las mismas garantías requeridas para la convocatoria.

 

Sí, se puede, pero… ¡cuidado!

 

Podemos decir por tanto que legalmente se admite el correo electrónico para enviar convocatorias y actas, pero esta afirmación tiene dos matices importantes:

 

– El uso del correo electrónico ha de ser en todo caso voluntario por parte del comunero; la comunidad no puede imponer con carácter general esta forma de comunicación.

 

– Si el comunero niega haber recibido una convocatoria o un acta, es muy difícil para la comunidad probar lo contrario, salvo que el envío se haya realizado por “correo electrónico certificado”, y aún así, salvo acuse de recibo por el mismo medio, puede alegar que el envío fue tratado como correo basura y no lo leyó.

 

¿Qué dicen los jueces?

 

Las sentencias que hasta el momento han tratado esta cuestión, en su gran mayoría han negado valor probatorio al correo electrónico, fallando en contra de la comunidad (SAP Las Palmas de 28 junio de 2010, SAP Baleares de 4 mayo de 2018, SAP Álava de 20 diciembre de 2018, entre otras).

 

Contrariamente, cuando las convocatorias y actas se han enviado por correo postal ordinario, ello junto con el testimonio del secretario de la comunidad es considerado prueba suficiente ante los tribunales, en la mayoría de los casos (SAP Madrid de 8 febrero de 2012, SAP Pontevedra de 11 abril de 2013, SAP Málaga de 15 septiembre de 2016, entre otras).

 

Las anteriores resoluciones se basan en la doctrina del Tribunal Supremo, que en su sentencia de 22 de marzo de 2006 señala que “la Ley no exige ninguna fórmula especial para la remisión de las citaciones escritas relativas a una Junta General, y si se cuestiona la recepción por cualquier propietario, cabe demostrar la entrega mediante cualquier medio admitido en derecho, ya sea, entre otros, por el acuse de recibo de la carta, la utilización de correo certificado, la aportación por mensajería, el testimonio del Secretario de la Junta de su expedición por correo ordinario o la colocación de la convocatoria en un lugar visible de la propia finca…”

Conclusión

Las comunidades de propietarios evolucionan con la sociedad, y no sería razonable rechazar el correo electrónico como cauce de comunicación entre la comunidad y los vecinos. Bien al contrario, se debe estimular por sus múltiples ventajas. No obstante, mientras llega el próximo salto tecnológico, hay que observar ciertas cautelas y se debe diferenciar entre:

 

  • Las comunicaciones ordinarias (circulares, avisos, etc). Éstas se pueden enviar sin problema alguno por correo electrónico, y

 

  • las convocatorias y actas, especialmente aquellas que contengan asuntos importantes (modificaciones de cuotas, aprobación de normas, limitaciones o prohibiciones, etc). Éstas se deben enviar por correo postal, ordinario o certificado, según la trascendencia de los temas tratados, especialmente de aquellos que requieran unanimidad o mayorías cualificadas.

 

LOTISSE

Área de Propiedad Horizontal

 

 

SERVIDUMBRES. LO MÁS ESENCIAL Y ALGUNAS CURIOSIDADES

Servidumbre de paso

Las servidumbres de paso entre fincas son las más comunes.

Las servidumbres son limitaciones a la propiedad y al uso, casi siempre de bienes inmuebles, que existen desde tiempo inmemorial. Fueron sobre todo los romanos quienes recogieron esta figura en sus normas, con admirable detalle. Nuestras leyes, herencia directa del Ius Civile, regulan la servidumbre y sus clases en el Código Civil (Título VII, arts. 530 a 604), cuya redacción no ha experimentado apenas ningún cambio desde su compilación en 1889. Otras normas relativas a servidumbres se pueden encontrar en la legislación administrativa o en el derecho foral.

 

La esencia de esta figura se recoge en el art. 530 CC: La servidumbre es un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante; el que la sufre, predio sirviente. Pero no solo se puede constituir una servidumbre en un predio o finca a favor de otra finca, sino a favor de personas, como dice el artículo 531 CC: También pueden establecerse servidumbres en provecho de una o más personas, o de una comunidad, a quienes no pertenezca la finca gravada. Veremos más abajo algunos ejemplos.

Clases de servidumbre. Cómo nacen y se extinguen.

Las servidumbres se pueden clasificar según su carácter o según su naturaleza. En el primer caso, pueden ser continuas o discontinuas, aparentes o no aparentes, positivas o negativas, legales o voluntarias. Por su naturaleza pueden ser servidumbres en materia de aguas, de paso, de medianería, de luces y vistas o de desagüe de edificios.

Servidumbre de acueducto

Algunos acueductos diseñados por los ingenieros romanos aún están en uso.

¿Cómo nace una servidumbre? Puede originarse en virtud de título (pacto, acuerdo, escritura, sentencia o incluso signo aparente de que existe), o por prescripción (uso pacífico continuado, aún sin título), en este caso, de veinte años. Las servidumbres legales vienen impuestas por razones de utilidad pública o en interés de particulares. ¿Cómo se extinguen? Hay varias formas: cuando se reúne en una sola persona la propiedad del predio dominante y el sirviente, por acuerdo entre ambas partes, por renuncia de una de ellas, por su no uso durante 20 años o por cumplimiento de su condición.

Algunas conocidas. Otras desconocidas. Todas vigentes.

Servidumbre de aguas

Este es un ejemplo de servidumbre de aguas.

Las servidumbres en materia de aguas ocupan 12 artículos del título (552 y siguientes). La primera, tal vez la más antigua, tiene causas orográficas y físicas: Los predios inferiores están sujetos a recibir las aguas que naturalmente y sin obra del hombre descienden de los predios superiores, así como la tierra o piedra que arrastran en su curso. Las orillas de los ríos, en una anchura de tres metros durante toda su extensión, están sujetos a servidumbre en favor de la navegación, la flotación, la pesca y el salvamento. Los predios contiguos a ríos navegables están también sujetos a la llamada servidumbre de camino de sirga para la navegación. Cuando solo existía la navegación a remo o vela, para remontar los ríos era necesario en ocasiones “remolcar” la embarcación río arriba desde este camino, mediante sirgas (cuerdas) de las que tiraban personas o animales.

Servidumbre de estribo de presa

La servidumbre de estribo de presa es poco conocida, pero muy común en aprovechamientos hidroeléctricos.

Otra curiosa servidumbre de aguas es la de estribo de presa. Cuando para la derivación o toma de aguas de un río o arroyo, o para el aprovechamiento de otras corrientes continuas o discontinuas, fuere necesario establecer una presa, y el que haya de hacerlo no sea dueño de las riberas o terrenos en que necesite apoyarla, podrá establecer la servidumbre de estribo de presa, previa la indemnización correspondiente. Esta sección se refiere finalmente a las servidumbres de saca de agua y abrevadero, de acueducto y de parada o partidor.

 

La más popular de las servidumbres es la de paso, que puede adoptar variadas formas. Se describe en el artículo 564: El propietario de una finca o heredad, enclavada entre otras ajenas y sin salida a camino público, tiene derecho a exigir paso por las heredades vecinas, previa la correspondiente indemnización. Esta servidumbre es conocida, sobre todo, por dar lugar a frecuentes controversias y disputas, no solo entre particulares, sino con la Administración. Y es que en esta modalidad se pueden encuadrar las servidumbres existentes de paso para ganados, conocidas con los nombres de cañada, cordel, vereda o cualquiera otro, y las de abrevadero, descansadero y majada. Así, la cañada no podrá exceder en todo caso de la anchura de 75 metros, el cordel de 37 metros 50 centímetros, y la vereda de 20 metros. Es muy frecuente que los propietarios de terrenos colindantes con estas cañadas o veredas históricas hayan invadido casi toda su anchura. En los últimos años, las administraciones y asociaciones ecologistas están intentando recuperar para el disfrute público estos terrenos “usurpados”, que recorren en ocasiones los más bellos parajes de nuestra geografía.

Servidumbre de medianería

El mantenimiento de los muros medianeros es fuente de frecuentes conflictos entre propietarios.

Otra modalidad de servidumbre que provoca frecuentes pleitos y disputas entre particulares es la de medianería. Según el artículo 572, Se presume la servidumbre de medianería mientras no haya un título, o signo exterior, o prueba en contrario: 1º) En las paredes divisorias de los edificios contiguos hasta el punto común de elevación. 2º) En las paredes divisorias de los jardines o corrales sitos en poblado o en el campo. 3º) En las cercas, vallados y setos vivos que dividen los predios rústicos. La medianería también se aplica a las zanjas existentes entre dos predios. Las disputas vienen sobre todo cuando los dueños medianeros tienen que interpretar el artículo 575, que se refiere a su mantenimiento y reparaciones.

 

Servidumbre de vistas

Si esta ventana se ha abierto sin autorización, el propietario del edificio vecino podría reclamar su cierre.

La preservación de la intimidad lleva con frecuencia a los dueños de viviendas o parcelas a rescatar sus derechos de este título del Código Civil. Hablamos de la servidumbre de luces y vistas. El artículo 580 dispone que Ningún medianero puede sin consentimiento del otro abrir en pared medianera ventana ni hueco alguno. El artículo 581  dice: El dueño de una pared no medianera, contigua a finca ajena, puede abrir en ella ventanas o huecos para recibir luces a la altura de las carreras, o inmediatos a los techos, y de las dimensiones de 30 centímetros en cuadro, y, en todo caso, con reja de hierro remetida en la pared y con red de alambre. Y el artículo 582 dispone que No se puede abrir ventanas con vistas rectas, ni balcones u otros voladizos semejantes sobre la finca del vecino, si no hay dos metros de distancia entre la pared en que se construyan y dicha propiedad. Tampoco pueden tenerse vistas de costado u oblicuas sobre la misma propiedad, si no hay 60 centímetros de distancia. Es evidente que el concepto decimonónico de la intimidad, y por tanto de las distancias, es muy diferente al actual, pero estos artículos siguen teniendo plena vigencia.

Por último, los artículos 586 a 588 se refieren a las servidumbres de desagüe de edificios o de corrales. Terminan los artículos 589 a 593 estableciendo algunas limitaciones y prohibiciones que siguen de plena actualidad hoy día. Así, Nadie podrá construir cerca de una pared ajena o medianera pozos, cloacas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos, depósitos de materias corrosivas, artefactos que se muevan por el vapor, o fábricas que por sí mismas o por sus productos sean peligrosas o nocivas, sin guardar las distancias prescritas por los reglamentos y usos del lugar, y sin ejecutar las obras de resguardo necesarias, con sujeción, en el modo, a las condiciones que los mismos reglamentos prescriban.

Árbol pegado a la linde

Si las ramas de este árbol amenazan caer en el camino, su dueño es responsable de cortarlas.

¡Socorro, el árbol del vecino me amenaza!

No pocas consultas nos llegan al despacho en relación con los árboles. Es bastante claro y conciso el texto legal en este aspecto: No se podrá plantar árboles cerca de una heredad ajena sino a la distancia autorizada por las ordenanzas o la costumbre del lugar, y en su defecto, a la de dos metros de la línea divisoria de las heredades si la plantación se hace de árboles altos, y a la de 50 centímetros si la plantación es de arbustos o árboles bajos. Todo propietario tiene derecho a pedir que se arranquen los árboles que en adelante se plantaren a menor distancia de su heredad. Si las ramas de algunos árboles se extendieren sobre una heredad, jardines o patios vecinos, tendrá el dueño de éstos derecho a reclamar que se corten en cuanto se extiendan sobre su propiedad, y si fueren las raíces de los árboles vecinos las que se extendiesen en suelo de otro, el dueño del suelo en que se introduzcan podrá cortarlas por sí mismo dentro de su heredad.

¿Servidumbre de paso digital?

Los avances tecnológicos podrán originar nuevas formas de servidumbre.

En resumen, la figura jurídica de la servidumbre hunde sus raíces en la Historia Antigua, pero sigue estando de plena actualidad. Y no puede ser de otra forma porque desde el Neolítico vivimos en sociedades cada vez más complejas en las que el derecho de propiedad ha de conciliarse con el interés público y la convivencia con los demás. Pero en la sociedad actual de la globalización, de las tecnologías de la información y la comunicación, del consumo masivo, tal vez hagan falta nuevas formas de servidumbre que defiendan el interés público y permitan garantizar derechos individuales, frente a actuaciones monopolísticas, de dominio del mercado o de acceso a la información. Este es el reto de los legisladores.

¿Se ha encontrado usted con alguna de estas servidumbres en su vida? Seguro que sí.

LOTISSE. Departamento de Derecho Civil.

Comunidades y Administración: control creciente

Hace unos años, las comunidades de vecinos apenas tenían obligaciones frente a la administración. Les bastaba organizarse lo preciso para poder atender los gastos comunes y mantener el edificio en condiciones aceptables, sin tener que rendir cuentas a nadie. En las últimas tres décadas la sociedad ha cambiado mucho. Nuevas leyes y normas imponen cada vez más control y vigilancia sobre ciudadanos y empresas. Las comunidades, aunque más tarde, también han sido sometidas a estos cambios.

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